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Amparo Grau, en la Facultad de Derecho

La catedrática de Derecho Amparo Grau representará a la UCM en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo

Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Jesús de Miguel - 14 ene 2025 15:39 CET

Del 30 de junio al 3 de julio de 2025 la ciudad de Sevilla acogerá la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que contará con la representación de la Universidad Complutense a través de Amparo Grau, catedrática del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario. Ella misma explica que en estos momentos “vivimos inmersos en un proceso multilateral para lograr una cooperación fiscal internacional más inclusiva y avanzada, ya que se quiere aprobar una convención marco mundial, similar a la del clima, a la que los Estados puedan vincularse a través de protocolos específicos para temas concretos que tengan que ver con la tributación”.

 

Amparo Grau, directora del grupo de investigación IUS-SustentaRSE e investigadora principal del proyecto Developing SustAI'nAbility, afirma que esta cuestión, sin duda, afectará a la próxima Conferencia denominada FfD4 (Fourth International Conference on Financing for Development), que servirá para acelerar los esfuerzos colectivos y para debatir las fórmulas de financiación del desarrollo sostenible, aumentando la movilización de recursos internos, “contando con el sector privado y coordinando el apoyo internacional con las prioridades financieras nacionales”.

 

La catedrática complutense, involucrada en temas de fiscalidad internacional desde hace años, explica que “es preciso conseguir los fondos y los estímulos necesarios para progresar en la Agenda de Desarrollo Sostenible, y más desde el mes de septiembre de 2024, cuando se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, que viene a sumarse a la Agenda 2030, añadiendo un Pacto Digital Mundial". Explica que, en la Agenda de Desarrollo Sostenible, los objetivos se iban a financiar a partir de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que era la que preveía los medios y “ahora se está pensando de nuevo cómo avanzar hacia esos objetivos comunes, porque falta financiación a largo plazo para afrontar múltiples retos”.

 

Con esa idea en mente, se está preparando la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo Sostenible, “en la que va a poder participar la Complutense”, y donde la profesora Grau va a aportar una visión académica en las negociaciones, "con derecho a voz", gracias a la acreditación especial recibida.

 

Marco de financiación global

En esta Conferencia Internacional se buscará un marco renovado de financiación global, discutiéndose temas como el refuerzo de los sistemas fiscales para que se alineen mejor con los ODS. Se intenta “aumentar la transparencia, por ejemplo, en los gastos fiscales y las ayudas, fijando estándares mínimos para que se informe sobre los beneficios tributarios, porque ahora ya no hay tantos paraísos fiscales territoriales, sino una gran variedad de regímenes fiscales especiales en muchos países”.

 

Otra parte importante es combatir los flujos financieros ilícitos con medidas contra la corrupción y el blanqueo de capitales. “Es una de las cuestiones que más preocupan y puede que sea el segundo de los protocolos tempranos de la convención marco”, mientras que “el cambio climático se ha dejado como objeto de un posible protocolo, pero no se ha concretado, así que éstas tendrán que ser algunas de las decisiones que tome el próximo comité negociador cuando se reúna a principios de febrero en Nueva York”.

 

En materia de cooperación, el tema clave a resolver escómo compaginar la evolución experimentada por los países desarrollados con lo que demandan ahora los países en vías de desarrollo, que conforman el llamado Sur Global y están trabajando de manera muy articulada por bloques regionales”. Asegura Grau que el grupo de los 47 Estados africanos está liderando muchas posiciones, de acuerdo con otros países asiáticos y con países de Centro y Sudamérica. Ahí “el papel de España es crucial, porque servimos de puente por las conexiones que tenemos entre Centroamérica y Sudamérica y la Unión Europea”.

 

Es lógico, de acuerdo con Grau, que “los países desarrollados, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no quieran perder el control, pero al mismo tiempo se afirma que la cooperación no es lo suficientemente inclusiva y por eso no puede ser eficaz. Los países en desarrollo discuten hasta qué punto deben tenerse en cuenta trabajos que se han hecho antes sin su plena participación y que no les benefician”.

 

Reconoce la profesora complutense que en términos de estrategia geopolítica llegar a un acuerdo es muy complicado por las posiciones de los diferentes Estados, pero confía en que se podrá hacer “si se trabaja por lo que se ha de trabajar, que es por la mejora de las condiciones de vida de las personas en todo el planeta, y si se tiene claro cómo deben ser los sistemas tributarios modernos. Este germen del Derecho internacional tributario debería respetar principios comunes, como el de capacidad económica, y combinarlos con otros redistributivos o retributivos, como el de quien contamina paga o quien protege recibe”.

 

La inoperancia de dos circuitos en la arquitectura fiscal internacional

Asegura Grau que en estos momentos se está en “un punto de inflexión crítico, y en el peor de los casos llegarían a existir dos circuitos paralelos, uno de los países en desarrollo y otro de los países desarrollados, lo que complicaría mucho la seguridad jurídica y la posibilidad del comercio y la inversión internacional”. Si no se suman todos los países a la reciente iniciativa, al final la ansiada cooperación será totalmente ineficaz y no se conseguirá el objetivo pretendido. “Hace falta mucha diplomacia y que, aparte de contar con los expertos en Derecho tributario, los países se apoyen en los expertos en Derecho internacional público y sus representaciones permanentes en Nueva York. En adelante, las reuniones para la negociación de la convención marco se celebrarán no sólo en Nueva York y Ginebra, sino también en Nairobi”.

 

El desdoblamiento o solapamiento es algo que nadie quiere, y en ese contexto la Cámara de Comercio Internacional ha estado procurando que se oiga la voz empresarial al respecto, pero también los agentes de la economía social y solidaria están reclamando incentivos fiscales para estas empresas por las aportaciones que hacen a la sostenibilidad.

 

De acuerdo con la catedrática, desde la Complutense se ha seguido toda la negociación de los términos de referencia, y esa participación ha servido “para defender que se hiciera mención a los derechos humanos y también a los derechos de los contribuyentes, que en un cierto momento parecía que iba a desaparecer del texto del mandato del comité ad hoc al comité negociador”. También se han mantenido conversaciones con representantes de la Dirección General de Tributos sobre el proceso negociador en otras convenciones marco previas. "Ésta es una ocasión única para replantearnos el ajuste de los sistemas tributarios, llevando lo mejor de los nacionales, constitucionalmente diseñados, a la esfera internacional, y no al revés. Hay que evitar que porque no haya un consenso se retroceda en lo que se ha progresado desde los años 80 en el ámbito del Derecho tributario en términos de justicia tributaria, material y formal”.

 

Compromisos y protocolos

De manera más explícita, Amparo Grau expone que, según los términos de referencia adoptados, la convención marco debería incluir compromisos en los siguientes ámbitos: la asignación justa de derechos impositivos, incluida la imposición equitativa a las empresas multinacionales; la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las personas con grandes patrimonios y la garantía de su imposición efectiva en los Estados miembros pertinentes; los enfoques de la cooperación internacional en cuestiones tributarias que contribuyan a lograr el desarrollo sostenible en las tres dimensiones económica, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada; la asistencia administrativa mutua eficaz en materia fiscal; la lucha contra los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, así como la prevención y la solución eficaces de las controversias tributarias.

 

Por separado están los protocolos jurídicamente vinculantes. El primer protocolo temprano se espera que sea sobre la tributación de los ingresos derivados de la prestación de servicios transfronterizos en una economía cada vez más digitalizada y globalizada; mientras que el segundo protocolo temprano se decidirá entre la tributación de la economía digitalizada, las medidas contra los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, la prevención y la solución de controversias tributarias, la lucha contra la evasión y elusión fiscales por parte de las personas con grandes patrimonios, y la garantía de su imposición efectiva en los Estados Miembros pertinentes.

 

Como posibles protocolos adicionales se contemplan la cooperación fiscal en asuntos ambientales, el intercambio de información con fines fiscales, la colaboración administrativa en materia tributaria y las prácticas fiscales perjudiciales.