Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Jesús de Miguel - 14 ene 2025 15:39 CET

Amparo Grau, involucrada en temas de fiscalidad internacional desde hace años, explica que “es preciso conseguir los fondos y los estímulos necesarios para progresar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y más desde el mes de septiembre de 2024, cuando se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, que viene a sustituir a la Agenda 2030 y se han de buscar las fórmulas de financiación”. Explica que en la Agenda 2030 los ODS se iban a financiar a partir de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que era la que ponía los medios y “ahora se está pensando cómo financiar esa nueva agenda internacional del Pacto para el Futuro y cómo seguir en el avance hacia esos objetivos comunes”.

Con esa idea en mente se está preparando la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo Sostenible, “en la que va a poder participar la Complutense”, y donde la profesora Grau va a representar el interés de la comunidad universitaria y de la academia en las negociaciones, “con derecho a voz, pero no a voto”.

La idea de la Conferencia es buscar un marco renovado de financiación global con temas tan específicos como el refuerzo de los sistemas fiscales que se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, intentando que “en la arquitectura tributaria internacional haya mayor transparencia, más intercambio de información, que las grandes empresas multinacionales informen de todas las operaciones que tengan trascendencia tributaria”. Con respecto a la transparencia, se va a intentar que “se revisen, por ejemplo, los gastos fiscales, que son los beneficios tributarios, las ayudas, e intentar que se informe sobre los beneficios que se obtienen por las grandes empresas multinacionales y dónde los obtienen, porque ahora ya no hay tantos paraísos fiscales territoriales, sino que lo que hay son muchos regímenes especiales fiscales dentro de muchos países”.

Otra parte importante es combatir los flujos financieros ilícitos, “que es una de las cuestiones que preocupan y que puede que sea uno de los protocolos tempranos “, y, “con respecto al cambio climático, se ha dejado como posible tema añadir un protocolo, pero no se ha concretado, así que tendrá que ser alguna de las decisiones que tome el próximo comité negociador cuando se reúna ahora a principios de febrero en Nueva York”.

Otros temas por tratar son “cómo gravar a los superricos o cómo compaginar la visión que hasta ahora han tenido los países desarrollados con lo que piden los países en vías de desarrollo, que se han alineado y que ahora forman el llamado Sur Global y que están trabajando de manera muy articulada por bloques regionales”. Asegura Grau que el grupo de los 47 Estados africanos está liderando muchos avances y muchas posiciones de acuerdo con otros países asiáticos y con países de Centro y Sudamérica, y ahí “el papel de España es crucial porque servimos de puente por las conexiones que tenemos, entre Centroamérica y Sudamérica y la Unión Europea, lo que es muy importante, ya que la UE ha tenido ciertas reticencias, porque en el proceso de negociación de la convención marco se está debatiendo su hegemonía para configurar el sistema tributario internacional”.

Es lógico, de acuerdo con Grau, que “los países desarrollados que están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no quieran perder el control, pero, por otro lado, se dice que la cooperación no es lo suficientemente inclusiva y por eso no puede ser eficaz, así que para incluir a los países en vías de desarrollo, los países en desarrollo discuten si debe ser un borrón y cuenta nueva y empezar un nuevo sistema o si se van a tener en cuenta los trabajos que han hecho antes y que no benefician a los que están en desarrollo”.

Reconoce la profesora complutense que en términos de estrategia geopolítica llegar a un acuerdo es muy complicado, por las posiciones de los diferentes Estados, pero confía en que se podrá hacer “si se trabaja por lo que se ha de trabajar, que es por la mejora de las condiciones de vida de las personas en todo el planeta, y si se tiene claro cómo deben ser los sistemas tributarios modernos el germen del derecho tributario internacional debería respetar valores comunes, como el principio de capacidad económica, y combinarlos con otros principios redistributivos o retributivos, como el de quien contamina paga o quien protege recibe”.

Dos sistemas tributarios

Asegura Grau que en estos momentos se está en “un punto de inflexión crítico, y en el peor de los casos se llegaría a dos sistemas tributarios paralelos, uno para los países en desarrollo y otro para los países desarrollados, lo que complicaría mucho la seguridad jurídica y la posibilidad del comercio y la inversión internacional”. Si no se suman los países, al final será totalmente ineficaz y no se conseguirá el objetivo, así que “hace falta mucha diplomacia y que, aparte de en los técnicos expertos en derecho tributario, los países se apoyen en los expertos de derecho internacional público, y que tengan representación permanente en Nueva York. Aunque ahora también los países en vías de desarrollo han pedido que no existan solo las sedes de Nueva York y Ginebra en las reuniones que empiezan en el mes de febrero, sino que además tengan lugar en Nairobi, para que sean los demás delegados los que se desplacen allí”.

La solución de dos sistemas tributarios es algo que nadie quiere, pero existen mundos que no llegan a encontrarse como el de la Cámara de Comercio Internacional, que ha estado intentando que se oiga la voz empresarial, y el de la plataforma de la economía social y solidaria que está demandando incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas que hacen aportaciones a la sostenibilidad.

De acuerdo con la catedrática, desde la Complutense han estado siguiendo toda la negociación de los términos de referencia, y esa participación ha servido “para defender que se hiciera mención a los derechos humanos y también a los derechos de los contribuyentes, que en un cierto momento parecía que iba a desaparecer del texto del mandato del comité ad hoc al comité negociador”. También desde la UCM se ha tratado de impulsar el “apoyo a la Dirección General de Tributos en algunas conversaciones sobre posiciones en el proceso negociador previas a otros acuerdos marco, así que esta es una ocasión única para replantearnos ese ajuste de los sistemas tributarios nacionales, llevando lo mejor de los sistemas tributarios, constitucionalmente diseñados, modernos, a la esfera internacional, y no al revés. Es decir, que porque no haya un consenso se retroceda en lo que se ha progresado desde los años 80 en el ámbito del derecho tributario en términos de justicia tributaria, material y formal”.

Compromisos y protocolos

De manera más explícita, Amparo Grau expone que los compromisos que se tienen que incluir en la convención marco son: la asignación justa de derechos impositivos, incluida la imposición equitativa a las empresas multinacionales; la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las personas con grandes patrimonios y la garantía de su imposición efectiva en los Estados miembros pertinentes; los enfoques de la cooperación internacional en cuestiones tributarias que contribuyan a lograr el desarrollo sostenible en las tres dimensiones económica, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada; la asistencia administrativa mutua eficaz en materia fiscal; la lucha contra los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, así como la prevención y la solución eficaces de las controversias tributarias.

Por otro lado, están los protocolos, que son los instrumentos para la aplicación, o elaboración, que son jurídicamente vinculantes, por separado, en el ámbito de la convención. El primer protocolo temprano será el abordaje de la tributación de los ingresos derivados, o la tributación de servicios transfronterizos en una economía cada vez más digitalizada y globalizada; mientras que el segundo protocolo temprano se decidirá entre la tributación de la economía digitalizada, las medidas contra los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, la prevención y la solución de controversias tributarias, la lucha contra la evasión y elusión fiscales por parte de las personas con grandes patrimonios, y la garantía de su imposición efectiva en los estados miembros pertinentes.

Como posibles protocolos adicionales están la cooperación fiscal en asuntos ambientales, el intercambio de información con fines fiscales, la colaboración administrativa en materia tributaria y las prácticas fiscales perjudiciales.