Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Jesús de Miguel - 1 jul 2022 13:31 CET

Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, asegura que los servicios sociales son un pilar del Estados del Bienestar de nuestro país, aunque la profesión se desarrolla además en otros ámbitos. Este IV ISSE apunta que el 74% de las trabajadores sociales de España (y se citan en femenino porque el 85% son mujeres) desempeñan su labor en el ámbito de los servicios sociales, un 18% en el ámbito de la salud, un 3,5% en educación, un 2,2% en vivienda, un 1,9% en empleo y un 0,6% en garantía de ingresos.

Teniendo en cuenta que suman algo más de 43.000 profesionales colegiados desde 2012 se vio la necesidad de hacer una investigación para conocer cómo estaba el sistema público de servicios sociales desde distintos aspectos y ahí nació el primer ISSE (Informe de Servicios Sociales de España). Estos informes cuentan con tres bloques estructurales: la situación y las características sociodemográficas, el perfil de los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Cada ISSE ha puesto el foco en diferentes cuestiones coyunturales, y este cuarto informe se ha querido que fuese más científico, haciendo posible tener datos para dirigirse a las administraciones públicas, a cualquier organización y entidad, y además que fuese un informe con una lectura territorial, porque “hay 36 colegios en toda España y ellos son los que llaman a las puertas de los gobiernos autónomos”.

A finales de 2020 se pusieron a trabajar de manera coordinada entre la profesión y la academia, “porque la universidad y la profesión tienen que ir de la mano, son complementarias en el desarrollo del trabajo”, y además se incorporó a Indaga, para hacer todavía más rigurosa la investigación, con una muestra y un diseño de las encuestas que permita que los resultados sean extrapolables.

Christian Orgaz Alonso, de la cooperativa de investigación social Indaga, coincide en que en este ISSE es “muy interesante la inclusión de diferentes equipos trabajando de forma coordinada, por un lado la solvencia del Consejo General del Trabajo Social, por otro la Complutense, con sus trabajadoras sociales con amplio recorrido y diferentes visiones, que permiten hacer un seguimiento de que aquello que se va a preguntar va a ser pertinente con el apoyo de dos profesoras de metodología con una trayectoria amplia, que sirve para complementar el trabajo de Indaga”. Esta cooperativa lo que hace es dar toda la infraestructura que va a ser necesaria, tanto en el hacer del trabajo de campo como por las diferentes fases de la investigación, como el diseño y el análisis.

Maribel Martín-Estalayo, una de las autoras del ISSE y profesora de Trabajo Social, informa de que en la Semana de la Ciencia de la Complutense se va a presentar la investigación, ampliando el interés más allá del que tiene para los propios miembros de la profesión, ya que “se va a plantear como un ejemplo de investigación que relaciona a la academia con el mundo profesional”.

La metodología

El punto clave de este estudio era el muestreo. A diferencia de otras encuestas la idea era que no respondiese el que más tiempo tiene o el que está más motivado, sino que responda el que tiene que hacerlo, con un criterio de aleatoriedad. Eso permite asegurar que los perfiles que van a responder a la encuesta se corresponden con la diversidad que se encuentra en la profesión.

Orgaz Alonso asevera que se ha puesto mucho cuidado en la selección de los usuarios, con un proceso bastante largo, en el que han participado todos los colegios de España, ya que se pedía que un colegiado concreto, con su número, respondiese esa encuesta. Y si no lo hacía en una semana, pasaba a otro concreto. “Hay colegios que son muy grandes y lo pueden asumir fácil, pero otros que son muy pequeños y requieren casi un trabajo personal y esto lo han hecho con creces, ya que se habían diseñado 1.500 encuestas y se han obtenido 1.600, lo que demuestra que la gente se ha sentido implicada en este esfuerzo por informar sobre la profesión”.

De acuerdo con Emiliana Vicente González esta metodología ha permitido que los colegios hayan hecho suyo el informe y eso es lo que se quería desde el inicio, porque “el informe no tenía sentido si no tenía una lectura territorial”. En septiembre se presentará una segunda parte del informe, con los datos cualitativos, y la propuesta es hacer un webinar con los 36 colegios para que vean la riqueza de estas investigaciones para sus territorios.

Diferencias territoriales

Luis Nogués Sáez, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCM y uno de los coordinadores del trabajo, opina que los tres equipos que han trabajado en este informe compartían la idea de hacer una fotografía que recogiese la heterogeneidad, tanto la de funciones que llevan a cabo los profesionales, como la territorial. El sistema de servicios sociales en nuestro país tiene un “desarrollo absolutamente desigual en el territorio, en la medida en que es una competencia de las comunidades autónomas”.

Es un sistema, por tanto, que “configura usuarios, ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno viva e incluso, a veces, del municipio en el que uno resida”. Por eso era clave, en este informe, inferir los diferentes modelos de servicios sociales que emergen en todos los territorios, y así analizar los efectos que producen.

Se vio que las anteriores muestras tendían a homogeneizar y eso es un problema para un Consejo que quiere contemplar esa heterogeneidad de sus colegiados, ya que hay muchas diferencias también dependiendo de que los trabajadores sociales desarrollen su actividad en la administración pública, en el tercer sector o en la empresa privada.

Hay, según Orgaz Alonso, comunidades autónomas muy liberales como la de Madrid, que lo que hacen es llegar a acuerdos con grandes empresas y fondos de inversión, o ecosistemas como el País Vasco, donde el tercer sector tiene un peso muy importante. Por tanto, “hay diferentes submodelos en los que también es relevante el entramado entre lo público y lo privado”.

Sistema universal y precarización

Emiliana Vicente González reconoce que “el sistema de servicios sociales nació con la idea de ser universal, pero no lo es ni lo ha sido nunca”. Es así porque sufre los ataques de recortes, privatizaciones y externalizaciones que afectan también a otros servicios públicos como la sanidad y la educación. La investigación ha desvelado que “no están siendo universales ni siquiera con la población más vulnerable, porque no hay medios y estamos en un escenario muy prestacionista”.

Christian Orgaz Alonso coincide en que “el informe es crítico con la coyuntura actual, pero tampoco es apocalíptico, sino que es realista y señala una hoja de ruta que el Consejo y las trabajadoras sociales sabrán decidir mediante sus debates democráticos”, y señala también otros ámbitos que la encuesta no puede acotar, como el gap que existe entre los profesionales colegiados y los que no lo están.

El actual es un sistema de servicios sociales con una financiación mayoritariamente pública, en un 86%, teniendo en cuenta todos los sistemas donde hay trabajadores sociales. Eso quiere decir que la empresa privada lucrativa recibe una parte importante de su financiación de los recursos públicos, porque la financiación exclusivamente privada supone un 10% de todos los sistemas. A pesar de estos datos se ve que sólo seis de cada diez trabajadores sociales, trabajan en la administración pública, es decir, que el sistema está financiado públicamente, pero en un 40% está externalizado al sector lucrativo o al no lucrativo, como pueden ser ONG.

Como no hay una ley estatal que crea unos criterios comunes, según Nogales Sáez, todo depende de las políticas sociales de cada comunidad autónoma y eso repercute tanto sobre los servicios sociales como sobre los trabajadores sociales. Se observa una desprofesionalización y de precarización laboral en aquellas comunidades autónomas que llevan a cabo una mayor externalización, como la Comunidad de Madrid, que “parte de una concepción que tiene más que ver con la neutralización de conflictos y el control social, y que no plantea políticas de redistribución de riqueza”.

Según este IV IESS, las dos comunidades autónomas que están más privatizadas son Madrid y La Rioja, hay una tendencia a la externalización en Euskadi y en Canarias en el ámbito del tercer sector, y las dos comunidades que menor tasa de externalización tienen son Baleares y Asturias.

Con respecto a la precarización, Tuca Muriel Saiz, profesora de la Facultad de Trabajo Social y una de las autoras del trabajo, señala a las profesionales más jóvenes, que tienen grado, máster y doctorado, pero que al llegar al mercado laboral no consiguen salir de situaciones de verdadera precariedad laboral hasta los 35 años, con salarios en torno a los 1.000 euros. Prácticamente dos de cada tres trabajadoras sociales por debajo de esa edad, que son las que muchas veces siguen formándose, viven en precariedad, así que “ay un reto del Consejo y de la UCM, que es la universidad que es la que tiene la Facultad de Trabajo Social más importante de España, para entender qué está pasando con estas trabajadoras sociales”.

Este ISEE, de acuerdo con Orgaz Alonso, permite hacer proyecciones de futuro, porque se ve muy bien cómo la administración pública, que comprende el 62% de las trabajadoras sociales, intenta tener una cobertura en múltiples ámbitos. El tercer sector, el no lucrativo, reproduce el mismo dibujo que el primer sector, es una muleta, y muchas de esas organizaciones dependen de la contratación pública. Por su parte, el ámbito lucrativo está muy claramente especializado en lo que da dinero, que es la dependencia, y ahí se puede ver hacia donde van a ir los grandes fondos de inversión que están entrando en el ámbito de lo social y que lo entienden como un mercado. Se va a ver que “grandes servicios que tienen que dar demanda a un gran número de usuarios se van a externalizar a grandes empresas, que son las que tienen el capital suficiente para poder responder a grandes contratos, pero que al mismo tiempo reducen personal y recursos para tener una mayor rentabilidad. De ahí que la mayor vulnerabilidad de las trabajadoras sociales se dé en la empresa privada”.

Los usuarios

Esta externalización y precarización tienen también consecuencias para los usuarios, que, de acuerdo con Nogués Sáez, son los que dan sentido a este sistema y a esta profesión. Informa el profesor de que, por ejemplo, a partir del día 8 de julio hay una huelga general en Madrid de los centros de atención a la infancia, porque de los 13 centros que existen, diez de ellos están externalizados, la mayoría en manos del Grupo 5. En estos centros hay una movilidad de más del 40%, cuando “se está hablando de temas de tutela, donde hay que hacer un seguimiento permanente, y si cada dos meses cambian los profesionales, hay usuarios que pasan por 15 o 16 profesionales diferentes, y ese es el resultado de que el proceso de precarización y desprofesionalización sea creciente”.

Incluso “hay funciones que se quieren trasladar a administrativos en la línea de digitalización y tratamiento similar al de los bancos, introduciendo un proceso tecnológico que desprofesionaliza, con las consecuencias tremendas que eso conlleva para los usuarios”. Tiene claro el complutense que una parte importantísima del trabajo social es la construcción de relaciones, tanto individuales como con las comunidades, para establecer complicidades. Esto conecta con la satisfacción, el burn-out, y el nivel de estrés de los profesionales, porque “cuando puede establecer unas relaciones de trabajo satisfactorias tanto para él como para el usuario, los niveles de ansiedad se reducen”.

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social hace hincapié en que el 70% de las personas que acuden a servicios sociales son mujeres y además son población española, así que “hay que desterrar esa idea de que los utilizan inmigrantes, eso no es cierto, sino que es una idea que tiene que ver más con la vía de las privatizaciones que con la realidad”.

Colegiación

Ahora hay en torno a 43.000 trabajadores sociales colegiados en toda España, ya que es una profesión de colegiación obligatoria, aunque no es algo que se demanda, así que hay muchos más trabajando, de los que no se sabe cuántos son. Aclara, de todos modos, Emiliana Vicente González, que los no colegiados lo están porque no quieren, o por irresponsabilidad, pero no hay intrusión en esta profesión.

Un reto, de acuerdo con el responsable de Indaga, es conocer a esas personas no colegiadas, porque habrá algunos que no se colegien porque no quieren, pero “también habrá quienes estén contratadas en la empresa privada, en puestos diferentes al de su formación, y que no quieran luchar mucho para no perder su puesto. La propia transformación en los diferentes sistemas, con las lógicas intrínsecas del ámbito privado de explotación y de agudización de la plusvalía a costa del trabajador, implica que hay unas consecuencias sobre la propia colegiación”.

El ISSE muestra también son las personas más jóvenes las más explotadas, pero también las más acríticas, porque a medida que se va transformando el mercado laboral esa es la nueva realidad, y la asumen acríticamente porque no tienen un recorrido previo y porque “hace falta un trabajo activo por parte de la colegiación, del Consejo y de los diferentes profesionales para garantizar la propia dignidad de la profesión, establecer la relación con los usuarios y qué tipo de servicios tenemos”.

La futura ley

En el tercero de los ISSE se puso la atención en algo que viene reclamando la profesión desde hace más de tres décadas, que es la necesaria incorporación de una ley estatal general básica de servicios sociales, ya que a estas alturas es el único sistema público del Estado de Bienestar que no tiene una ley.

Hay leyes autonómicas que sí reflejan que el profesional de referencia de los servicios sociales es el trabajador social, pero se quiere hacer un salto para que sea una propia ley estatal la que lo corrobore. Y el cuarto ISSE desvela que “el 84% de la profesión está pidiendo a gritos esta ley, y ahora mismo el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la tiene encima de la mesa y tiene una expectación muy alta, como se demuestran las más de 600 aportaciones que se han hecho para el desarrollo de la ley”. Se espera que para septiembre u octubre pueda estar en trámite parlamentario y pueda aprobarse antes de que termine esta legislatura, lo que acabaría con esta anomalía entre los sistemas públicos y además podría ayudar a reducir la precariedad y mejorar el trabajo y la relación con los usuarios.

Aparte de los citados en este artículo, en el informe han participado también las complutenses Araceli Serrano Pascual e Inés Calzada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, del Departamento de Sociología: Metodología y Teoría.