CV / POLÍTICA

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática

El secretario de Estado de Memoria Democrática presenta las novedades de la nueva ley

Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Alfredo Matilla - 21 jul 2021 13:18 CET

Un día después de que el Consejo de Ministros haya pasado a tramitación parlamentaria la ley de Memoria Democrática, el secretario de Estado dedicado a esa materia, Fernando Martínez López, ha presentado las novedades de la ley en los Cursos de Verano de la Complutense. En la inauguración del curso “Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada”, ha explicado que los tres ejes de la ley son la nulidad de todas las sentencias, el papel de las mujeres y el reconocimiento del movimiento memorialista.

 

Fernando Martínez López asegura que la nulidad es el principio fundamental de la acción pública a las víctimas de esta ley, ya que se va a suponer la nulidad de las sentencias de todos los tribunales franquistas por motivos de disidencia política, e incluso de neutralidad. Explica el secretario de Estado de Memoria Democrática que no va a hacer falta que los afectados acudan de uno a uno, sino que se va a hacer por ley, y los ciudadanos tendrán un certificado en que se dirá que la sentencia y los delitos quedan anulados.

 

Para poder llevar a cabo esta tarea se va a hacer un censo de víctimas, “porque en estos momentos nos movemos sólo sobre estimaciones” y es necesario conocer el número real de represaliados. Aclara el secretario de Estado que el concepto de víctima que incorpora la ley es el que estableció Naciones Unidas en 2006, y considera que la única diferencia entre unas víctimas y otras en la guerra civil española fue que “unos no han sido reparados, sino criminalizados, estigmatizados y, muchas veces, han acabado en fosas comunes".

 

La nueva ley, según Martínez López, tendrá además un régimen sancionador para los que la incumplan, con multas que irán desde los 200 euros a los 150.000 euros, y también plantea “la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo”.

 

Verdad, justicia y reparación

La ley se basa en los principios básicos de la memoria histórica, a saber: la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria. Con respecto a la verdad, el secretario de Estado opina que es fundamental conocer qué ha ocurrido, desde el principio hasta el final, “por qué les condenaron, cuánto estuvieron en prisión, si fueron fusilados”…”. Hasta ahora, de acuerdo con Martínez López, esto no se había planteado en ninguna ley de memoria, como tampoco el hecho de que a partir de ahora sea el propio Estado el que se haga cargo de las exhumaciones, entendiendo por Estado, “ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y la administración general”.

 

Informa el secretario de Estado de que ahora mismo están en proceso de exhumar 114 fosas, que se corresponden con un plan de choque para los años 2020-2021, una cifra que va a aumentar este año hasta llegar a las 304, ya que “el 60% del presupuesto de esta secretaría de Estado se va a dedicar al proceso completo de las exhumaciones”.

 

Recuerda Martínez López que el periodo anterior de la Historia de nuestro país en el que se hicieron más exhumaciones fue durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en seis años no se llegaron a las 180 fosas. Ahora ese número crecerá exponencialmente, porque “se ha convertido en algo prioritario para el Gobierno de España y porque el olvido es incompatible con la democracia”.

 

En lo que respecta a la justicia, la nueva ley se plantea el derecho a la investigación de la violación de los derechos humanos como crímenes de guerra. Para ello se establece un fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que estará a pie de fosa para poder recabar toda la información y todos los apoyos que necesite. Hay que saber que la ley se va a interpretar de conformidad con todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.

 

En cuanto a las reparaciones, según el secretario de Estado, las económicas se vienen haciendo de manera más o menos continuada desde la propia transición. Hasta diciembre de 2020 ha habido 608.000 beneficiarios que se han repartido un total de 21.700 millones de euros. La ley incide en conocer el alcance real de los expolios, las incautaciones, las sanciones económicas… Y al mismo tiempo se plantea reparar a los trabajadores forzados que participaron en edificaciones como el Valle de los Caídos, y se quiere hacer un censo de las empresas que se beneficiaron de esa mano de obra forzada.

 

En el último punto, el del deber de memoria, Martínez López informa de que se está trabajando con el Ministerio de Educación para hacer que se conozcan los avatares de la guerra y la represión en la ESO, el bachillerato y la FP. La idea es integrar la Historia de España dentro de la Historia de Europa, y dar a conocer que en nuestro país se libró la primera batalla contra el fascismo, y que gran parte de los exiliados participaron luego en la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente se venció a los fascistas.

 

Con respecto a edificios como el Valle de los Caídos se quiere hacer una resignificación, que implica explicar cómo se construyó y quién lo hizo, porque “eso cambia totalmente el foco”, y al mismo tiempo explicar el periodo histórico en el que se creó, que en el caso de España fue durante el “nacional-catolicismo”, una época que fue el resultado de la “simbiosis entre religión y política”.

 

La secretaria general de la UCM, Araceli Manjón-Cabeza, se congratula por los avances de esta ley, tanto de la parte de la nulidad de las sentencias como la que quiere resignificar monumentos franquistas, como el Valle de los Caídos, que “tiene un simbolismo casi obsceno”.