Texto: Alberto Martín, Fotografía: Francisco Rivas - 21 jul 2025 12:21 CET

Bolaños subrayó que desde el inicio de la actual legislatura, en noviembre de 2023, su Ministerio trabaja en el “objetivo maravilloso, complejo, pero imprescindible de mejorar la Justicia en nuestro país”. El primer logro, según enumeró, fue desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, paralizado durante cinco años y medio, con la consiguiente “desmoralización” de la carrera judicial, desde su cúpula hasta todos sus estamentos. El “acuerdo equilibrado” alcanzado con “el principal partido de la oposición” ha permitido ya centenares de nombramientos y “recuperar la normalidad institucional del poder judicial”.

El siguiente hito ha sido la aprobación de las leyes de Eficiencia Digital, Eficiencia Procesal y de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, “tres leyes que han permitido modernizar nuestra administración de justicia”. Bolaños hizo especial referencia a la de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, cuya entrada en vigor este 1 de julio, está permitiendo que “ya se están sustituyendo los juzgados unipersonales por tribunales de instancia colegiados, que consiguen que tengamos cargas de trabajo más razonables, que los jueces y magistrados de este país puedan ejercer su labor en mejores condiciones y que sea menos costoso ampliar la plantilla de jueces y fiscales. Esta ley –continuó el ministro- ha superado una Ley de Planta Judicial en España, que llevaba vigente desde 1835. Hoy será más fácil crear nuevas plazas de jueces y magistrados gracias a esta ley, porque lo que antes costaba en torno a medio millón de euros, que era crear un juzgado, ahora, como no es necesario crear nuevas unidades judiciales, podemos nombrar hasta 6 jueces y magistrados para los tribunales de instancia para que hagan su trabajo”.

Esta Ley, junto a la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, que está en tramitación parlamentaria, va a suponer, según subrayó el ministro, que se lleve a cabo “la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia de la democracia”. Serán 1.500 nuevos jueces y fiscales en tres años, a los que hay que sumar el proceso de regularización de 1.000 “juezas sustitutas” –las denomina así porque el 80 por ciento de los jueces, magistrados y fiscales afectados, que llevan entre 15 y 20 años ocupando unas plazas de manera provisional, son mujeres-, impuesto por la Comisión Europea. “Es decir, 2.500 nuevas plazas en 3 años gracias a la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial”, insistió el ministro.

Otra norma que está en tramitación es la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que sustituirá a “la actual de 1882 con sus múltiples reformas”, y que su principal efecto es la atribución de la fase de instrucción a los fiscales, quedando los jueces como “jueces de garantía” de las actuaciones conforme a la ley. Bolaños defendió que las críticas que está recibiendo esta ley carecen de sentido, ya “que en todos los países del mundo desarrollado con democracias asentadas son los fiscales quienes instruyen las causas”. De hecho, subrayó que en el último informe sobre justicia de la Comisión Europea se felicita a España por los pasos que está dando en esta dirección. En ese mismo informe, según destacó el ministro, también se felicita al gobierno español por la aprobación de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, “una vieja reivindicación de la abogacía”, que viene a desarrollar el derecho a la tutela judicial efectiva, una norma “pionera” en Europa. “Estamos ante la mayor transformación de la Justicia en décadas, una reforma tan ambiciosa como necesaria”, concluyó Bolaños.