INVESTIGACIÓN

Ana Lambea Rueda, José Ignacio López-Sánchez, Yolanda Sánchez-Urán Azaña, María Amparo Grau Ruiz, Álvaro Falcón Pulido y Miguel Ángel Sastre Castillo, del proyecto INBOTS

INBOTS, el proyecto que ha puesto a la Complutense a la vanguardia de la robótica

Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Jesús de Miguel - 28 jun 2022 09:40 CET

INBOTS es el nombre del proyecto europeo Horizonte 2020 (a partir del acrónimo de Inclusive Robotics for a Better Society, G.A.780073), que ha reunido a 25 socios, de 12 países europeos diferentes, para promover la comprensión y la aceptación de la robótica interactiva, procurando su desarrollo inclusivo con el fin de mejorar nuestra sociedad. Coordinado por el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Complutense ha sido la única universidad española involucrada, bajo la dirección de la catedrática del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario, María Amparo Grau Ruiz. Ahora que el proyecto llega a su fin, Grau considera que “ha cumplido su objetivo, que no era otro que generar un debate serio sobre cómo desarrollar la robótica en los próximos años, atendiendo a las necesidades sociales”.

 

El trabajo del consorcio INBOTS se ha dividido en una serie de paquetes por áreas de conocimiento especializadas, en los que la Complutense se ha centrado en aspectos legales, éticos y socioeconómicos de la robótica interactiva y ha concluido con la elaboración de un Libro blanco.

 

Explica la coordinadora complutense que “en relación con la robótica, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías conexas, la Comisión Europea quiere desarrollar sectores estratégicos para la Unión Europea (UE), como por ejemplo la logística y la salud, por el envejecimiento de la población. Así que, en el futuro, habrán de trasladarse los principios destacados en este Libro blanco a campos concretos y tratar de superar los riesgos que existan en cada uno de los casos, teniendo en cuenta que su aplicación dependerá del contexto de cada país”.

 

En la última etapa del proyecto, que se ha prorrogado debido a la COVID-19, se han centrado los esfuerzos, sobre todo, en relacionarse en el plano internacional con instituciones con competencias específicas en materias de especial trascendencia, como la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, o con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de carácter tripartito. De esa manera, se ha tomado en consideración a los agentes implicados en los procesos de transformación de la realidad actual y simultáneamente se han transferido los resultados de la investigación.

 

Al final, de acuerdo con Grau, el trabajo realizado ha sido bastante extenso, tanto que no se ha podido recopilar todo dentro del Libro blanco y han aparecido numerosas publicaciones complementarias muy variadas: desde un libro con Springer, que incluye todos los debates sobre el tema en la Conferencia final INBOTS, hasta una pequeña publicación en Nature Machine Intelligence sobre el impacto medioambiental en el contexto de la economía circular, ya que ésta es una prioridad para lograr un desarrollo sostenible.

 

Los más vulnerables

Ana Lambea, profesora titular del Departamento de Derecho Civil, ha trabajado en el proyecto centrándose en el ámbito de las personas especialmente necesitadas de protección y, en particular, en los menores de edad. Reconoce Lambea que “ha sido un trabajo muy interesante y ha tenido un gran respaldo social, a la par de cómo la sociedad ha ido tomando conciencia de la importancia de proteger a los menores de edad de los riesgos que existen”. Con este novedoso trabajo se han puesto sobre la mesa las dificultades, las distintas problemáticas y las normas que se ven afectadas en el caso de los menores de edad, ya que “la sociedad va avanzando a la medida que lo hace el desarrollo de la robótica, las redes y la IA aplicada y, generalmente, los estudios van por detrás de la realidad tecnológica”. En otros ámbitos, como los mayores de edad y los adultos el manejo y la protección son mejores, pero en el ámbito de los menores, “con herramientas que ni siquiera los adultos manejamos al 100%, la protección resulta mucho más complicada”.

 

Explica Lambea que para llevar a cabo este trabajo se ha estudiado principalmente la normativa europea en los distintos aspectos en los que la robótica afecta a los menores, como el ámbito educativo, el del ocio, el sanitario… Son muy diversas las parcelas en la que una persona se desarrolla y, en el caso de los menores, su capacidad de actuación depende mucho de lo que hagan las personas que son responsables de ellas. En la medida en que el desarrollo tecnológico va por delante de lo que jurídica y humanamente se puede prever, se hace más necesario investigar y anticipar las cuestiones que pueden generar problemas.

 

El estudio sobre la robótica y los menores de edad se ha concretado en múltiples trabajos, ofreciendo conclusiones relevantes a tener en cuenta para futuras regulaciones. Cabe destacar, en particular, la importancia de distinguir franjas de edades para otorgar mayor o menor acceso a estas herramientas, o los riesgos de presentar a menores robots con figura o rasgos humanos.

 

Empleo y talento

José Ignacio López-Sánchez, catedrático del Departamento de Organización de Empresas y vicerrector de Política Económica, se ha centrado en el análisis del impacto que tienen los robots en las empresas a escala global, así como en la relación existente con el desempleo y la creación de riqueza, en si se van a crear o destruir empleos en términos netos, y en ver si la automatización contribuye a la desigualdad.

 

Dejando claro que todavía no hay resultados estadísticamente significativos, pero sí analizando series y correlación, López-Sánchez señala que aquellos países que tienen una mayor densidad de robots en la industria son países más productivos, crean más riqueza a nivel trabajador y tienen una menor tasa de desempleo. “La excepción sería España, porque es uno de los países con un alto nivel de automatización, pero también con una alta tasa de desempleo, pero por las características de nuestros sectores productivos”, aclara el vicerrector.

 

Con respecto al grado de automatización y la pérdida de puesto de trabajo por las habilidades y destrezas que se exijan en los futuros empleos, se ha hecho una proyección hasta 2030, aunque es cierto que se hizo antes de la COVID. En el estudio se observa que hay capacidad de crear talento, pero “no sabemos si vamos a ser capaces de atraerlo y retenerlo, porque en términos globales se van crear muchos más puestos de trabajo de los que se van a destruir, pero los vamos a necesitar rápidamente en todos los países, y España va a tener que competir con Alemania, Reino Unido o Estados Unidos”.

 

En relación con esto, Amparo Grau incide en el problema de la falta de competencias digitales. De acuerdo con los datos más recientes de Eurostat, que analizó con motivo del I Congreso interuniversitario OIT sobre Justicia Social, trabajo decente y ODS, dirigido por la profesora Sánchez-Urán en la UCM, el porcentaje de especialistas en Tecnologías de Información y Comunicación, a escala comunitaria supone un 4.3% de la fuerza laboral en 2020. Oscila desde el 7.6% en Finlandia hasta el 2% en Grecia. “En España, en relación con estas competencias digitales avanzadas, queda camino por recorrer (pues no se llega al 4%)”. Esa lucha que apunta López-Sánchez, se puede atisbar ya en las hojas de ruta americanas para atraer talento digital, porque “hay una escasez, no sólo en cómo manejar las tecnologías hasta el punto actual, sino también a la hora de encontrar personas con capacidad de innovar, que con estos medios tecnológicos en continuo cambio puedan hacer más”.

 

De acuerdo con el vicerrector, se va a producir un gran gap, no sólo de aquellas personas que pierdan sus puestos, porque realicen tareas manuales o repetitivas, que son objeto de automatización, sino porque habrá personas que no van a ser capaces de recualificarse y “vamos a tener un problema muy importante que tendrán que asumir las administraciones. A pesar de eso, en términos globales la automatización crea empleo, al igual que ha ocurrido en otras revoluciones tecnológicas”.

 

Sin desigualdad

En este estudio, por primera vez, se han contemplado 33 países europeos para identificar su nivel de automatización, que se corresponde con el número de robots por cada 10.000 trabajadores, y “observando el índice GINI, que mide la desigualdad de los países, con un retardo de dos años, para ver cuál es el efecto sobre las rentas, después de impuestos y transferencias, se aprecia que en los países con un mayor nivel de automatización no sólo se crea más riqueza, sino que la que se crea se emplea para redistribuirla y eso hace que esas economías sean menos desiguales que las otras”.

 

Yolanda Sánchez-Urán Azaña, catedrática y directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, añade que cuando se habla de robótica inclusiva, hay que recordar que “el factor fundamental de inclusión en nuestra sociedad es el trabajo, porque uno se integra social y económicamente a través del mismo”. Lo trascendental, de acuerdo con la profesora, es que en el ámbito de la UE se trabaje bajo el principio ‘del ser humano el en centro’, lo que lleva proponiendo la OIT desde hace años, tal y como se expresaba en su Informe “Trabajar para un futuro más prometedor” de 2019.

 

La variable que discrimina principalmente, de acuerdo con el vicerrector, es el nivel de formación y el tipo de actividades que se puedan desarrollar. Los estudios que analizan el mayor impacto que puede tener la robótica lo describen en las “tareas más rudimentarias, más mecánicas, tipo campo, construcción y reponedores, que suelen ser tareas realizadas por varones, y estos trabajos serán los que primero se automaticen. Al mismo nivel de formación, la automatización no marca diferencias significativas entre hombres y mujeres”.

 

La necesidad de recualificarse

Por tanto, y de acuerdo con el vicerrector de Política Económica la mayor automatización no perjudica ni al empleo ni afecta a la desigualdad, siempre y cuando se pueda recualificar a los profesionales. “Si el Estado participa en esa tarea y puede recolocar a algunos trabajadores sería una buena ayuda, y además se ha visto que de determinados puestos un porcentaje muy elevado de sus horas de trabajo lo pueden hacer las máquinas y esa persona puede dedicar el tiempo a hacer otras tareas que requieren habilidades con las que no cuentan las máquinas”, añade.

 

Recuerda que él hizo su tesis ya en 1993 sobre la IA y “seguimos hoy con muchos avances, pero lejos de lo que se ve en las películas de ciencia ficción, y para muchas actividades todavía estamos lejos de esa robotización”. Eso sí, cuando una compañía piense que a nivel de productividad le va a venir mejor, robotizará.

 

Esta reflexión enlaza, según Sánchez-Urán con otro principio que establecieron como base del estudio, el de “innovación tecnológica social y jurídicamente responsable”. Recuerda que en el proyecto de reglamento de la UE sobre IA se establecen escalas de riesgo y se dice que el riesgo a máximo que puede producir la IA es en el ámbito del trabajo y eso implica que “tanto en el Ministerio de Trabajo como en el de Seguridad Social españoles haya un especial interés en los estudios relacionados con la digitalización en general y con la automatización en particular, y más la que lleva incorporada IA”.

 

Digitalización en las empresas

En estos momentos se está trabajando en el proyecto del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, donde se quiere incorporar un apartado muy importante en materia de digitalización. Las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, que se va actualizando desde 1995, incluyen el tema de la protección social y la economía digitalizada, entre otros aspectos tocando el tema de las plataformas digitales y el de la robótica y su impacto en la Seguridad Social. Reconoce Sánchez-Urán que “hoy estamos en un momento en el que, por parte de las instituciones públicas hay un interés especial en tratar estos temas, pero también hay que llamar al sector privado, porque igual que en su momento se establecieron planes de igualdad de las empresas, y hoy todas están obligadas a tener un plan de igualdad, lo que se plantea aquí es que determinadas empresas vayan enfocando ya sus planes a la igualdad en el ámbito de la digitalización y establezcan algo así como un plan de digitalización”.

 

Otras instituciones internacionales como la OIT y la Organización Europea en materia de Sanidad y Salud en el Trabajo también están avanzando en estos temas y eso le lleva a Sánchez-Urán a asegurar que no son ni tecno-optimistas ni tecno-pesimistas, son más bien tecno-equilibrados. Desde esa perspectiva se les invitó desde el Ministerio de Seguridad Social a participar en un libro específico sobre 30 desafíos para el 2030, en concreto en el tema de la robótica y la transformación del empleo.

 

Miguel Ángel Sastre, catedrático del Departamento de Organización de Empresas y vicerrector de Calidad, informa de que desde la Fundación para el Análisis Estratégico y de Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Empresa participan en un informe nacional sobre el tema y en la última edición de ese informe fueron responsables del proyecto en Madrid. A partir de los datos obtenidos orientaron ese informe anual para estudiar cuál era la actitud de las pymes hacia la digitalización, si estaban o no involucradas en actualizaciones digitales, si subcontratan esas actividades, si los empleados tienen conocimientos suficientes en materias de digitalización…

 

Con lo obtenido hicieron una publicación en la revista International Enterpreneurship and Management Journal, donde se ratifica que “la innovación tiene un efecto mediador importante en la relación entre la dirección de recursos humanos socialmente responsable y la reputación y los resultados, porque al final la cultura de la empresa influye de manera directa sobre las actitudes de los empleados hacia la innovación, en lugar de ir hacia la obtención de los beneficios a corto plazo. Y ahí, la incorporación de la robótica es una parte de esos procesos de innovación, aunque no es la única”.

 

Para llevar a cabo el estudio hicieron encuestas a miles de empresas y muchas declararon estar orientadas hacia la innovación, pero se ve que “influye mucho el tamaño, y cuanto mayor es la empresa más orientación hay hacia la innovación, porque para las empresas pequeñas la innovación muchas veces es tener página web para darse a conocer, ni siquiera e-commerce, así que es un concepto de digitalización muy básica, sobre todo cuando se habla de microempresas”.

 

Grau Ruiz asegura que el gran problema es que para digitalizarse hacen falta datos y muchas veces lo más difícil es conseguir esos datos de primera mano, tanto los relativos a la información financiera como a la de sostenibilidad, como se ha hecho patente en la interacción de INBOTS con el proyecto AudIT-S (PID2019-105959RB-I00) que lidera en la Complutense. Se da la paradoja de que las empresas más pequeñas, que están más cerca de las personas y podrían conseguir esos datos directamente, no tienen la capacidad tecnológica para ordenar, gestionar y explotar los datos para justificar la toma de decisiones, ni sacar de ellos un rendimiento.

 

Informa la profesora de que ahora, desde la perspectiva tributaria, la OCDE ha propuesto digitalizar el entorno de las pymes, poniéndose en contacto con todos los que se relacionan tecnológicamente con ellas, incluyendo a los desarrolladores de software de contabilidad, para conseguir, casi sin darse cuenta, su información en tiempo real y sin causar excesivos costes administrativos. Pone el énfasis en aprovechar toda la información disponible el entorno de la pyme progresivamente digitalizado. Por ejemplo, una empresa puede no tener un chatbot, pero sí tratar con un asistente virtual de la administración... “Esa es otra forma de digitalización a través de robots que no son corpóreos, pero que prestan determinados servicios”.

 

Tributación de los robots

Álvaro Falcón Pulido ha realizado su tesis Fiscalidad y robótica, bajo la dirección de la profesora Grau. Se ha planteado si puede existir la tributación de o por los robots y cómo regularla. La respuesta es que “las rentas generadas por los robots ya están gravadas por los impuestos que gravan las rentas en general; así que cuando hacen que las empresas ganen más dinero, de manera indirecta, ya se está sometiendo a imposición a los robots”. Apunta Falcón que hay algunos impuestos que gravan actividades propias de los robots porque las personas no pueden realizarlas, como por ejemplo “las operaciones de alta frecuencia bursátiles que de media duran menos de un segundo y ninguna persona sería capaz de hacer. De manera que los impuestos que gravan esas operaciones, en realidad están gravando una actividad que solo puede realizar una máquina”.

 

Así que, según Falcón, los robots pueden ser enmarcados dentro del sistema tributario normal. Apunta el investigador que la renta generada por los robots podría utilizarse por el Estado para la recualificación de los trabajadores, fomentando la adquisición de las competencias digitales necesarias.

 

Una parte de su tesis ha consistido en analizar si se atribuye a los robots personalidad jurídica o no, y si pueden tributar sin esa personalidad jurídica, o de manera similar a las sociedades. Su hipótesis es que se les podría otorgar, pero no es necesario (ni para que tributen, ni en el corto o medio plazo). Constata, como advertía en una aproximación previa, que con las herramientas que hay actualmente en el mundo del derecho se puede dar una respuesta normativa suficiente a la situación actual. Grau apostilla que la idea final de la tesis es que no hace falta crear nuevos impuestos, sino que basta con adaptar algunos de los existentes, considerando incluso los que pueden incidir en el grado de robotización de manera mediata (electricidad, datos, dominio público radioeléctrico...).

 

Sánchez-Urán apunta que “ha habido que luchar en este proyecto para desarmar determinados malentendidos, como el hecho de que la robótica sea motivo de desempleo; o si es posible o no plantear la fiscalidad de o por los robots, así como la cotización de o por los robots. A partir de la famosa Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, en España y en otros países se discutió si las empresas debían cotizar por el uso de los robots. Posteriormente, tras una fase de calma, se ha vuelto a plantear la cuestión en las Recomendaciones del Pacto de Toledo 2020”. Tienen claro los participantes en la investigación que con las contribuciones de INBOTS se ha conseguido equilibrar tal debate de forma razonada.

 

Tras concluir este proyecto europeo, Amparo Grau confirma que seguirán trabajando en esta línea, porque “ha resultado una experiencia totalmente satisfactoria. Se han hecho buenas aportaciones en las diferentes áreas de conocimiento, gracias al trabajo sensato y riguroso de todas las personas del equipo”. No descarta solicitar, en el futuro, otro proyecto conjugando nuevamente el potencial de los grupos de investigación UCM IUS-SustentaRSE, GIPTIC y Dirección de Recursos Humanos.