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Los días 22, 23 y 24 de marzo se ha celebrado el Congreso Internacional Virtual Fiscalidad e Inteligencia Artificial: Incidencia en el sistema fiscal y en los procedimientos tributarios

Inteligencia Artificial, arma de empoderamiento para las agencias tributarias

Texto: Jaime Fernández - 25 mar 2021 12:51 CET

Los días 22, 23 y 24 de marzo se ha celebrado el Congreso Internacional Virtual Fiscalidad e Inteligencia Artificial: Incidencia en el sistema fiscal y en los procedimientos tributarios. Organizado por el proyecto de investigación complutense Fiscalidad y robótica, y con la colaboración del ICEI, el Instituto de Estudios Fiscales y la Fundación General de la UCM, el congreso ha contado con doce conferencias y una veintena de comunicaciones. En ellas un plantel de expertos se han hecho preguntas de calado sobre la implantación futura, y en muchos casos presente, de la Inteligencia Artificial (IA).

 

Fernando Serrano Antón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense e investigador principal de Fiscalidad y Robótica, explica que “la administración tributaria es un entorno donde confluye todo lo que debe hacerlo para que la IA tenga un futuro y un presente enorme: hay muchos datos de gran calidad, se lleva muchos años trabajando sobre esa información, obtenemos muchos más datos como consecuencia de la transparencia…”.

 

Una primera consecuencia es que gracias al uso de big data y algoritmos en el control tributario, “la administración tributaria, al menos la española, ha decrecido, porque la gestión de todos esos datos no se hace por funcionarios, sino que está prácticamente todo gestionado por máquinas, y eso permite una mayor eficiencia”.

 

Adolfo Iriarte Yanicelli, doctor en Derecho por la UCM y profesor de Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, reconoce que en su país hay quien augura la posibilidad de quedarse sin trabajo debido a la aplicación de la IA, porque “se piensa que puede estar todo absolutamente automatizado, pero de acuerdo a las reglas éticas lo ideal es que exista un sistema mixto de supervisión de los magistrados funcionarios sobre el sistema”.

 

En concreto, en Argentina se utiliza una aplicación de IA, denominada Prometea, que “puede enviar oficios y notificaciones de manera automática, se pueden traer leyes a los casos concretos, elaborar informes sobre las sentencias dictadas, hacer gráficos comparativos, predecir las sentencias... De acuerdo con Iriarte Yanicelli, este sistema mejora la selección de tutelas que hace la sala de revisión y “tiene una eficacia de más de un 90% para una IA, que está supervisada tanto en el armado como en el desarrollo”.

 

España, al igual que otras administraciones nacionales, “porque esto es una tendencia internacional” apuesta, de acuerdo con Serrano Antón, por “una nueva visión de la administración digital integral, con algunos elementos adicionales como asistencia a los contribuyentes con herramientas digitalizadas como Hermes, que es un sistema de gestión del riesgo fiscal de los contribuyentes, que genera informes de riesgo estandarizados y que facilita la selección para los inspectores de Hacienda”.

 

Control contra el fraude

Explica el catedrático complutense que, en la actualidad, las actuaciones de inspección tributarias son selectivas, y que “quizás se pueda inspeccionar a todos en un futuro gracias a la IA, pero no es así actualmente. De todos modos, no se pueden realizar de forma arbitraria, sino que hay que determinar previamente perfiles de riesgo fiscal”.

 

El Plan de Control Tributario de nuestro país para este 2021 consolida tanto el uso de big data, como el machine learning y el uso de algoritmos. De acuerdo con Serrano Antón, se identifican en ese Plan cinco grandes áreas que tienen que ver en la lucha contra el fraude: análisis sistemático de residencia, como el caso de los youtubers que huyen a Andorra; un mecanismo para reducir los errores del contribuyente al presentar su declaración; la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales con el uso de tecnologías avanzadas en IA; la eficiencia en las selecciones de control tributario de aquellos contribuyentes que tengan un mayor riesgo, y el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia.

 

Cristina García-Herrera, directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UCM, añade que siempre habrá alguna información que no se transparente totalmente para no perjudicar la investigación contra el fraude. Más allá de eso coincide en que ya hay en España un “uso intenso de IA para detectar riesgos fiscales, pero también en otros ámbitos y procedimientos va a ser posible el uso de la IA, como por ejemplo en esos cinco ámbitos que comenta Serrano Antón”.

 

El doctor en Derecho por la Complutense e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Israel Santos Flores, ratifica que la lucha contra el fraude apoyados en la IA es algo ya de implantación internacional en países como Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido.

 

Reconoció que en los programas de reforma de la administración tributaria de México no se habla propiamente de la IA, aunque “se deja entrever que utilizará algún tipo de tecnología en su lucha contra el fraude”. Añadió, de todos modos, que aparte de esa IA hace falta que la política fiscal sea más transparente, más participativa y “como afirma la profesora Amparo Grau, que tenga estímulos fiscales al desarrollo y a la innovación tecnológica, que son fundamentales”. Denunció el conferenciante que en toda América Latina no hay ninguna empresa dedicada a esa innovación, así que “es importante fomentar que jóvenes ingenieros se dediquen a esos campos de desarrollo tecnológico”.

 

Coincide con esa idea Ubaldo González de Frutos, doctor en Derecho y especialista líder de sector en administración fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington DC, cuando afirma que “en España la innovación de la Agencia Tributaria dinamizó el gobierno y también el sector privado. En América hace falta desarrollar la estrategia de IA en la administración tributaria, que puede ser impulsora para hacer un cambio de paradigma, pasando de un enfoque clásico a uno ágil con IA, machine learning, algoritmos predictivos, cumplir las expectativas de los ciudadanos con apps, chatbots y asistentes virtuales. La idea detrás de todo esto es poner al contribuyente en primer lugar”.

 

La protección de derechos

En relación con esto último, apuntó Santos Flores que si sigue habiendo una tarea pendiente esa es “el respeto y la protección a los derechos de los contribuyentes”, tema sobre el que centró su conferencia Felipe Alonso Murillo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, de la Universidad de Valladolid.

 

De acuerdo con él, “el empleo de la IA tiene unos límites claros, que son los derechos fundamentales de los contribuyentes”. En España por ejemplo, ha de asegurarse la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que adopten, pero “con el uso de la IA en los procedimientos tributarios se puede ver afectada por ejemplo la igualdad en la aplicación de la ley, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, la protección de datos personales, la tutela judicial efectiva, la aplicación de las garantías constitucionales penales en los procedimientos tributarios sancionadores, y el derecho a buena administración, del que se deriva la transparencia de la actuación y precisa motivación de actos para una tutela administrativa efectiva”.

 

Luz Ruibal Pereira, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, apunta que en España ya hay algún proyecto para usar la IA en el ámbito de la justicia con una finalidad predictiva, pero “esos modelos predictivos tienen que ser supervisados y no deben ser acríticos, sino que un juez debe someterlos a su juicio, porque en caso contrario correrá el riesgo de vulnerar derechos y garantías del ciudadano y del contribuyente”.

 

En esa misma línea se expresa Miguel de Haro, profesor contratado doctor de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense, quien reconoce que todavía hay que hacerse muchas preguntas sobre hasta qué punto se puede admitir la IA en el ámbito tributario. Y es así porque “se tiene que conseguir el derecho a no ser discriminado, así como la exigencia de la protección de los datos legalmente. Esos dos elementos tienen que ser claramente respetados y muy cuidados por parte de la administración”. Es por eso, que Santiago Segarra, responsable de desarrollo de negocio del Sector Público y de Nuevas Tecnologías de IBM, cree que, de momento, la IA se podría utilizar “para casos favorables, como la concesión de aplazamientos”.

 

Ramón Bonell Colmenero, doctor en Derecho y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense va incluso más allá y asegura que “la IA es un arma de empoderamiento para las agencias tributarias para responder a los retos de mercado y la necesaria recaudación para financiar el Estado de Bienestar que todos nos merecemos”.

 

¿IA consciente?

Luz Ruibal Pereira recordó que hay dos tipos de IA, la débil, que es incapaz incluso de realizar multitareas, y la fuerte, dotada de consciencia, que de momento se deja fuera del marco de estudio en el ámbito tributario porque ni siquiera existe.

 

Ella misma explicó, de todos modos, que la IA es un proceso de avance continuo en los últimos 24 años, desde 1997 con la creación de Deep Blue por IBM. Desde entonces los sistemas de IA han ido desde un gran procesamiento de datos a las técnicas de machine learning, al aprendizaje libre a partir de dar sólo las instrucciones para aprender, y por último, la capacidad de argumentación en el Project Debater, también de IBM, con técnicas de aprendizaje natural, con lo que logra montar una argumentación sobre un tema desconocido hasta 15 minutos antes del debate.

 

Ante estos avances, la pregunta que se hace Ruibal Pereira es “hasta dónde queremos que llegue la IA, sobre todo en áreas tan sensibles de nuestra sociedad como la justicia, como el campo jurídico”. Cree que “no hay una necesidad inmediata de implantarla en el ámbito jurisdiccional, sino que debe ser fruto del consenso, con un enfoque finalista de la cuestión, para contribuir a una mejora de la sociedad y, por tanto, de la justicia. Y siempre desde la aplicación del principio de prudencia, no entendido como límite, sino como un principio que obligue a analizar previamente los riesgos que se puedan conllevar y se hagan ensayos en entornos pequeños y seguros”.

 

También Luis Durán Rojo, profesor de Derecho Financiero y Tributario, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se cuestiona si la IA tendrá conciencia y voluntad, sobre quién podría discutir el algoritmo y cuáles serían los criterios de un juez para resolver un caso, ya que haría falta un peritaje externo, o incluso si se les podrían gravar impuestos a los robots. Esa pregunta tiene mucho calado, porque el deber de contribuir es propio de los ciudadanos, así que una aplicación a los robots, ¿les convertiría a su vez en ciudadanos o pagarían como aquellos que no lo son?

 

Para aportar una visión integradora de la sociedad robótica en la que ya estamos imbuidos sin darnos cuenta, nació el proyecto INBOTS, consorcio de 25 instituciones de 13 países europeos, en el que Amparo Grau Ruiz, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCM, coordina a un amplio grupo de investigadores europeos, para analizar el impacto ético, socioeconómico y jurídico que va a tener la robótica. Recuerda la catedrática que en la actualidad cinco países representan el 73% de las instalaciones mundiales de robots: China, Japón, Estados Unidos, la República de Corea y Alemania. Y aunque no lo percibamos, “Europa es la región con mayor densidad de robots a nivel mundial, con un valor medio de 114 unidades por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera, así que sus posicionamientos en cuanto a los compromisos con la economía circular serán determinantes e influirán en las vías de desarrollo económico sostenible en el futuro”.

 

Desde Inbots han elaborado un Libro Blanco para la Regulación de la Robótica Interactiva, que se presentará en la conferencia final del proyecto que tendrá lugar, virtualmente, el 20 de mayo. Grau Ruiz invitó a inscribirse en este link a todo el que quiera participar en esa conferencia que “será gratuita, y con avatares en una isla virtual”.

 

Ese Libro Blanco servirá para establecer unas pautas de relación con la robótica y la IA realistas, ya que, como ha demostrado este Congreso Internacional, el uso estratégico de datos e IA en el sector público para generar valor social y económico no es una cosa del futuro, sino que ya constituye una realidad en gran parte de los países del mundo.