Texto: Jaime Fernández, Texto: J. F. y Francisco Rivas - 1 jul 2026 16:04 CET

La afirmación tan dramática del titulo de este artículo no proviene de ambientalistas o de ecologistas radicales, sino que es una de las conclusiones del panel de científicos que conforman el IPCC, y si lo consideran un acto criminal es porque no hacer nada para mitigar sus efectos va a afectar a las vidas de miles de millones de personas. Este ha sido uno de los mensajes de Luis Jiménez, profesor emérito de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense, en su participación en una mesa redonda del curso de verano “El impacto social del cambio climático”. Junto a él, han debatido Sofía del Valle, responsable del Programa de Justicia Climática de Oxfam Intermon; Daniel López Acuña, médico especialista en Salud Pública y Epidemiología, y Susana Borrás, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili.

La pluralidad de perspectivas para hablar de las consecuencias del cambio climático, parte de la emergencia global que afecta a todos los aspectos de la vida en el planeta, pero los diferentes puntos de vista convergen en muchos asuntos, como el hecho de que una parte mínima de la población sea la que más contamine y, al mismo tiempo, la que menos perjudicada se va a ver por los efectos del cambio climático. O al menos, la que podrá utilizar más recursos económicos para intentar mitigarlos.

En contraposición a ese norte global más rico, Susana Borrás ha puesto el ejemplo de los pequeños países del Pacífico, que apenas contaminan, pero que van a ser los grandes perjudicados, llegando incluso a ver sus naciones completamente sumergidas por el aumento del nivel del mar. Ya se han dado casos de habitantes de esos países que han perdido todo por las condiciones climáticas y que, a pesar de esa circunstancia, no han conseguido la condición de refugiados climáticos, fundamentalmente, como ha recordado Borrás, porque es un concepto que no existe jurídicamente.

Y eso, a pesar de que, como ha recordado Daniel López Acuña, se calcula que en 2050 habrá ya 216 millones de personas que hayan tenido que migrar en las regiones del sur global. Unas regiones donde las desigualdades se exacerban y donde sería necesario, según Sofía del Valle, llevar a cabo una transición justa que no les impacte negativamente. Desea la representante de Oxfam Intermon que el mundo sea capaz de romper el círculo vicioso en el que vivimos y pasar a un círculo virtuoso, “donde haya sociedades más igualitarias para todos”.

Mientras llega ese momento, si es que lo hace, ese cambio global ya está pasando factura, tanto económica como social y sanitaria. Luis Jiménez ha informado de que a la Unión Europea, entre los años 1980 y 2024 el cambio climático ya le ha costado 822.000 millones de euros, con un incremento mayor del coste en el último quinquenio, situación que probablemente empeore por la nueva deriva política ambiental comunitaria que se ha alejado de los problemas reales para centrarse en la competitividad.

Al tiempo que aumentan los casos de litigación climática, más de 3.000 abiertos en estos momentos de acuerdo con Susana Borrás, crecen también el número de personas afectadas por el cambio climático, y sólo en nuestro país, como asegura López Acuña, en un año como 2022 murieron entre 3.000 y 4.000 personas por las olas de calor, especialmente mujeres mayores de 75 años, y se calcula que cada año la contaminación atmosférica provoca entre 25.000 y 30.000 muertes prematuras.

Frente a todos estos problemas, y de acuerdo con los conferenciantes, hacen falta, entre otras cosas, políticas más decididas que permitan reducir la desigualdad en el mundo, que doten a la ciudadanía de sistemas sanitarios resilientes y desarrollar legislaciones que permitan señalar, de manera adecuada, a los principales responsables del cambio global.