Texto: Alberto Martín, Fotografía: Aída Cordero - 21 jul 2026 15:53 CET

Por supuesto, como destacó el notario Juan Kutz en la inauguración de la jornada, también hay operaciones de criptoactivos totalmente legales. “Los notarios, de hecho, -subrayó- debemos tener una mirada limpia ante estas operaciones”, que, aunque aún no son muy significativas, ya empiezan a estar presentes, por ejemplo, en herencias, legados digitales, que no presentan mayor problema. No obstante, como reconoció la presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, los notarios no pueden mantenerse ajenos de la realidad y necesitan una formación en criptoactivos y su relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, como la que ofrece este curso de verano, y así poder inhibirse y, en su caso, avisar a las autoridades competentes ante operaciones fraudulentas.

Donde la mirada no es limpia, sino todo lo contrario, “represiva”, como bromeó Fernando Sanz, jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, es la que deben mostrar quienes persiguen los delitos, ya que, sin ningún género de duda, este es un sector “de alto riesgo”. Como explicó, y pese a que algunos países como El Salvador o República Centroafricana los acaban de aceptar como moneda de pago legal, en la actualidad los criptoactivos legalmente no son dinero, sino un bien, como “puede ser un coche, un caballo o una vivienda”. Pero en la práctica, sí lo son: “se utilizan como medio de pago, tienen unidad de cuenta y permiten hacer reserva de valor”, enumeró.

El jefe de la UDEF subrayó que en la actualidad no hay cifras oficiales sobre qué porcentaje de criptoactivos está vinculado a actividades ilícitas. Las cantidades que ofrecen las dos principales empresas que se dedican a analizar el mercado monetario digital, Chainalysis y TRM Labs, lo sitúan en torno a los 158.000 millones de euros, pero a juicio de Sanz están bastante lejos de la realidad, ya que como esas dos mismas empresas reconocen, quedan fuera de sus cálculos tanto los delitos con dinero fiduciario (FIAT) que fue convertido a cripto, normalmente vinculado al crimen organizado en narcotráfico, tráfico de armas o trata de personas, ni tampoco el vinculado con blanqueo de capitales.

Sanz explicó que tanto desde la UDEF como sus homólogas europeas se presta, a través de Europol y de la cooperación con terceros países, especial atención al blanqueo de capitales y a la financiación de actividades criminales. En contra tienen el avance de tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain, que se utilizan para sofisticar aún más este tipo de delitos, y también un marco normativo que “intenta poner puertas al campo, pero siempre va más lenta que el propio mercado”.

De acuerdo con el mando policial, la normativa europea, tanto la primera directiva de 2018, como los reglamentos MiCA (Markets in Crypto-Assets) y Travel Route, han supuesto avances en la persecución de este tipo de delitos, sobre todo al hacer “sujetos obligados”, cuya actividad debe ser autorizada, a las empresas dedicadas al Exchange, es decir al cambio de las criptos a FIAT y viceversa, así como a otros tipos de servicios relacionados con los criptoactivos. En la actualidad son 154 las empresa CASP (Proveedoras de servicios de criptoactivos) autorizadas en Europa, que, entre otras obligaciones, tienen la de recabar información de cada operación y guardarla durante cinco años, sea del importe que sea.

El problema es que fuera de ese mercado regulado quedan otras muchas empresas –algunas de las más importantes, de hecho- bien porque no han sido autorizadas por las autoridades europeas al incumplir algún requisito o bien porque están ubicadas en países no cooperantes. Además, las propias redes criminales tienen sus propios proveedores de servicios de blanqueo, que ya han incluido estas operativas en sus cartas de servicio. También explicó Fernando Sanz, y con ello concluyó su didáctica intervención, que bajo el aspecto legal con el que funcionan los cada vez más numerosos cajeros de criptomonedas –hay más de 250 en España- se esconde frecuentemente operaciones de “pitufeo”, es decir el blanqueo de pequeñas cantidades en diferentes cajeros hasta sumar cantidades considerables. “A día de hoy este campo sigue siendo el far west”, reconoció Sanz.