CV / SOCIALES
Bustinduy y la presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales defienden la solidaridad intergeneracional para mantener el Estado del Bienestar
Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Aída Cordero - 20 jul 2026 13:19 CET
“O se socializa la ayuda mutua, la solidaridad y el cuidado o nos encontraremos en un paradigma basado en un ideal que concibe la supervivencia como la imposición de la ley del más fuerte”, ha asegurado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en la inauguración del curso de verano de la UCM “Reimaginar el bienestar. Políticas sociales para un nuevo contrato social”. El ministro ha compartido la mesa inaugural con Aoife Nolan, presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales, y los dos han coincidido en apoyar la solidaridad intergeneracional como base del Estado del Bienestar y, por extensión, de la propia democracia.
Frente a la visión de Pablo Bustinduy, quien opina que la merma de los derechos es producto de los recientes populismos de derecha, Aoife Nolan cree, sin embargo, que esa erosión se viene produciendo, de manera inexorable, desde hace cuarenta años. Reconoce, eso sí, que, desde la década del 2000 en adelante, hemos tenido que enfrentarnos a diferentes crisis financieras, económicas, pandémicas, climáticas, del costo de la vida, la invasión de Ucrania, la de justicia intergeneracional y, por supuesto, “la crisis democrática, provocada por el crecimiento a largo plazo de la desigualdad socioeconómica y el creciente temor por los niveles de vida futuros”.
Coincide Nolan con el ministro en que hoy en día existen “movimientos indudablemente antidemocráticos que se aprovechan de la reducción prolongada del empleo y de la creciente sensación de precariedad sobre el futuro y el nivel de vida actual para impulsar soluciones que no tienen nada que ver con la inclusión social ni con la ciudadanía democrática. Por lo tanto, si es cierto que este problema existe desde hace mucho tiempo, ahora es particularmente urgente”.
A pesar de la compleja situación internacional, Bustinduy se declara “optimista por definición, y especialmente en un día como este, en el que somos campeones del mundo”. Cree que la clave para prevalecer es la solidaridad intergeneracional, “que en España es muy importante” por temas como las pensiones o la vivienda. Ironiza el ministro con que hay quien está creando una narrativa donde la crisis de la vivienda es culpa de las personas mayores, que son propietarias, y no “de las mayores empresas y del número creciente de multimillonarios que se reparten las ganancias”.
Asegura Bustinduy que en los próximos meses se puede poner en marcha en España una prestación universal por hijo, que “es una vía para corregir las desigualdades de inversión social y la protección social entre las distintas generaciones. La oportunidad está ahí, tiene sentido, es justa y es económicamente viable”.
El ministro imagina “un sistema de protección social para toda la vida, basado en la idea del cuidado, y por lo tanto en la idea de las necesidades, la idea de la vulnerabilidad, pero no basado en demostrar que estás necesitado, sino en la idea de tus derechos a ser cuidado y de que el cuidado no pertenece a la esfera de lo privado, del individuo, de la familia, sino que es algo común, y por lo tanto que las necesidades no deben ser una fuente de desigualdad social, que no tienen que depender de los recursos que tenga tu familia, ni del nombre o de la ciudad en la que vivas”. Es decir, “una cobertura universal asociada esencialmente a la noción de ciudadanía”.
Aofie Nolan sostiene que “para poder afirmar que el cuidado, la autonomía personal y la protección de los niños están realmente garantizados es necesaria la erradicación total de la pobreza infantil”. De acuerdo con ella, si se solucionan la pobreza infantil y la exclusión social, “ya habremos recorrido el 90% del camino para un futuro mejor”. Concluye la presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales que “para proteger adecuadamente los derechos sociales, es fundamental priorizarlos desde el principio, y esto incluye el diseño, la implementación, la evaluación y el análisis crítico de las leyes y las decisiones políticas”.
