Fotografía: Aída Cordero, Texto: Alberto Martín - 17 jul 2026 12:50 CET

Josep María Castellá, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, miembro de la Comisión de Venecia de 2014 a 2022, advierte de que pese a que todo indica que la confederación es “la nueva fase que buscan los soberanistas, basada en vaciar al Estado de sus competencias e incluso de borrar su presencia en los territorios”, no es posible encajarla en el actual texto constitucional. “Políticamente se puede defender, pero no cabe en esta Constitución. Sería otra constitución. El Estado confederal no tiene cabida en la Constitución del 78””, afirmó.

Castellá -participante en la última jornada del curso de verano de la UCM “La Constitución de 1978, ¿en cuidados intensivos o ya en paliativos?”- se ha mostrado de esta forma contrario a la manifestación del Tribunal Constitucional de que “toda la Constitución está sujeta a su posible modificación”, ya que esta excluye claramente, en su artículo 1, la posibilidad de la confederación. “Afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en los pueblos”, recordó. La apuesta de la Constitución para el modelo territorial del Estado fue el diseño autonómico, una “solución de compromiso” y a la vez “una solución original”. El Estado de las Autonomías fue, a juicio del constitucionalista catalán, un acuerdo de mínimos, un compromiso dilatorio que después tuvieron que ir completando tanto los legisladores como el propio Tribunal Constitucional, y, sobre todo, y ahí está su gran originalidad, los estatutos de autonomía de las propias comunidades.

La Constitución, por tanto, “fijó un marco flexible, aunque con unos contornos importantes y que no son tan flexibles”. Precisamente es cuando se ha tenido que pasar por esos contornos cuando más problemas o discrepancias han surgido. Recordó Castellá que para la aprobación y posterior modificación de los estatutos de autonomía, la Constitución del 78 fijó un doble visto bueno: el primero, por mayoría de dos tercios del propio parlamento autonómico (y en algunas de ellas, fijado por sus propios estatutos, además, por un referéndum) y después, la mayoría del Congreso, lo que en la práctica supone el acuerdo de los dos grandes partidos. Ese acuerdo PP-PSOE se dio para rechazar el Plan Ibarretxe, pero no para aprobar el Estatut catalán en 2006.

De acuerdo con la argumentación del catedrático de la Universidad de Barcelona, el PNV supo leer en su momento la situación y adoptar una nueva táctica de ir despojando al Estado de sus competencias, sin confrontación, pero funcionando de hecho y cada vez más como un estado independiente. “También vio que aquello de la Europa de las regiones no iba a ningún lado y que le iría mejor estando representado por un Estado grande como es España”. Cataluña, en cambio, apostó por la confrontación con el procés independentista y es ahora cuando parece haber comenzado a seguir la misma táctica que el País Vasco. Proyectos de ley pendientes de aprobación en estos momentos demuestran esta tendencia: proyecto de financiación autonómica, que solo cuenta en principio con su visto bueno; nuevas competencias en materia de inmigración, rechazadas por los demás, o traslado de la competencia de los trenes de cercanías.

De acuerdo con Castella, en la práctica España ya funciona como un estado federal, y el siguiente paso para los soberanistas ya sería la confederación, es decir, el bilateralismo en la toma de decisiones. Una opción que, como recalcó, no es posible, a su entender, encajar en la Constitución de 1978. La solución que él propone, y que haría posible una mejor adaptación constitucional a la realidad actual de España, es “abogar por el principio de subsidiariedad”. Se trataría de ver en cada caso qué administración gestionaría mejor para beneficio de sus ciudadanos, ya fuera esta la local, la autonómica, la estatal o incluso la europea. “Hablo de un constitucionalismo multinivel. Ahí el fin de las autonomías ya no sería convertirse en un estadito, sino en proteger mejor los derechos de sus ciudadanos, incluida su identidad, pero en un sentido no excluyente. Nadie en España ha abogado por esto y, aunque sé que no es una varita mágica -concluyó-, sí daría al Tribunal Constitucional margen para una interpretación de la Constitución más flexible y adaptada a la realidad de cada momento”.