29 sep 2021 15:32 CET

El profesor Pingarrón, catedrático complutense, fue presentado en el acto por el rector Joaquín Goyache, quien le agradeció que viniera a la UCM a debatir este anteproyecto, que como cualquier otro no deja de ser “un protocolo de intenciones que hay que mejorar y depurar”. Y es que, como reconoció el propio secretario general de Universidades, el anteproyecto ha levantado un gran revuelo tanto en las universidades como en los medios de comunicación. Recordó por ello que tras su primer paso por el Consejo de Ministros, el Ministerio está manteniendo reuniones sectoriales y multisectoriales en busca de un consenso, que el propio Pingarrón considera “factible”, aunque lógicamente “es imposible la unanimidad”.

El secretario general comenzó su exposición tratando de desmontar uno de los principales mantras que persiguen al anteprotecto. “Somos absolutos defensores de la autonomía universitaria. Por completo. De hecho, en todo el texto, lo que se ve es que queremos dejar que los estatutos y, por tanto, la comunidad universitaria, que sean los que definan cómo quiere ser la universidad, aunque con unos mínimos denominadores comunes para dar coherencia al sistema universitario español”. Según indicó, prácticamente todas las propuestas del anteproyecto vienen con la coletilla “las universidades podrán”, ya que la intención del Ministerio no es imponer nada, sino abrir a las universidades alternativas sobre las que puedan decidir. “Para nosotros es fundamental el pleno respeto a la autonomía universitaria y a las competencias de las comunidades autónomas”.

“Se nos dice que esta es una ley feminista. Pues sí, lo es. Pero, como yo digo, es una ley del sentido común. Dejamos claro que no tiene que haber ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia. El género es uno de ellos”, señaló el secretario general de universidades, en alusión a otro de los aspectos del anteproyecto más criticados.

Pingarrón fue repasando los principales objetivos que persigue la LOSU. El primero, lograr un sistema universitario accesible, equitativo e internacionalizado, para lo que se reducirán -gracias a los Reales Decretos recientemente aprobados- los precios públicos y se aumentarán las partidas de becas, que pasan a ser un derecho subjetivo, basado únicamente en la situación económica. El aumento de la dotación de las becas permitirá eliminar el requisito de una nota elevada para su mantenimiento, pero no el requerimiento mínimo del aprobado. Para favorecer la internacionalización se prevé eliminar trabas burocráticas.

La piedra angular de la ley, la que si no funciona, dejaría “toda la ley en papel mojado” es su objetivo de “garantizar recursos humanos y financieros adecuados” a las universidades. Según explicó Pingarrón, su Ministerio ha encontrado con Hacienda una solución que garantizaría en un primer momento el incremento de las inversiones en educación superior que, como recordó, son competencia de las comunidades autónomas. La fórmula, según explicó, sería aprovechar la disposición contenida en la LOMLOE que da un plazo de dos años para que el Estado y las comunidades autónomas negocien un aumento del gasto público en educación para situarlo como mínimo en el 5% PIB. “Hemos calculado que el porcentaje del gasto en educación dedicada a la universitaria está en torno al 20% aproximadamente. De esta manera llegarían 2.200 millones extras para el sistema universitario”, concretó.

En lo que sí parece que hay bastante consenso, según indicó Pingarrón, es en que la manera de financiar a las universidades sea plurianual, y de acuerdo a tres ejes: estructural (gastos de personal y mantenimiento), por objetivos (que tendrán que pactar las comunidades con sus universidades) y por necesidades singulares (patrimonio histórico artístico, campus dispersos, insularidad…)

En cuanto a los recursos humanos, el objetivo es eliminar la precariedad del empleo universitario, aunque, como señaló, para ello lo primero que hay que ver es qué se considera precariedad: “Laboralidad no es precariedad, un profesor contratado doctor es fijo, no precario. La temporalidad tampoco lo es en sí misma. Un profesor puede ser asociado y tener otro trabajo… Un ayudante doctor si en el futuro puede estabilizarse tampoco es precario…” La ley propone diversas medidas para acabar, no obstante, con la precariedad, “que existe y lo debemos reconocer, aunque en unas universidades no la haya y en otras llegue al 60 por ciento. Hay que eliminar esas bolsas de precariedad”, afirmó.

El anteproyecto fija el porcentaje de profesorado con contrato laboral temporal -sin contar asociados con otro trabajo, ni ayudantes doctores, ni asociados de ciencias de la salud. “Hay que dejarlo claro”- en un máximo del 20% plantilla a los 5 años de la aprobación de la ley. Propone también, por ejemplo, que el profesorado funcionario se sitúe en 55% por el 51% actual, “lo que es otro caballo de batalla, ya que los sindicatos piden el 70 por ciento y algunas comunidades mucho menos”.

Según insistió Pingarrón, la ley busca establecer una “carrera académica estable y predecible”, que partiendo siempre de la contratación solo de doctores, dé muchas posibilidades a quien entre como ayudante doctor a estabilizar su situación en 6 años.

En su larga intervención -el acto duró cerca de tres horas- el secretario general abordó, primero como parte de su presentación y después contestando las numerosas intervenciones de los asistentes al acto -gran parte de la junta de gobierno, decanos y miembros del claustro de la UCM, pero también rectores y gestores de otras universidades- otros muchos aspectos del anteproyecto. Muchos relacionados con la plantilla -no solo docente, sino también de administración y servicios, que abandonaría su actual denominación como PAS por la de PTGAS, para reconocer también su trabajo técnico y de gestión- pero también con la gobernanza y la participación. Y es que, como reconoció el propio secretario general de Universidades, este es otro de los aspectos más polémicos del anteproyecto. “Quiero insistir en que en lo que no haya consenso se quitará de la ley y ya está, y que, como ya he dicho, no vamos a hacer nada que vaya en contra de una amplia mayoría de la comunidad universitaria”, señaló en referencia a propuestas como las de ampliar la posibilidad de ser rector o rectora a no catedráticos (que cumplan otra serie de requisitos), reducir los Claustros o permitir fórmulas de gobernanza alternativas a la actual del sufragio universal ponderado. “Son propuestas, no imposiciones. Cada universidad podrá elegir en base a su autonomía”, insistió.