21 jul 2021 12:43 CET

El ministro defendió la política de seguridad como uno de los pilares del Estado de Bienestar. Recordó que además de ser responsable de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil- del Ministerio del Interior depende otras muchas políticas y actuaciones: control de fronteras, instituciones penitenciarias, víctimas del terrorismo, protección internacional (refugio, asilo, apátridas), procesos electorales, protección civil, gestión de emergencias o seguridad vial. Para llevar a cabo toda esa labor cuenta con alrededor de 170.000 funcionarios del Estado (alrededor del 37% de los 514.000 que hay en la actualidad).

Recuperar medios humanos y materiales

Precisamente el recorte en alrededor de 12.000 efectivos de ese número de funcionarios en los siete años anteriores a su nombramiento, fue la primera “urgencia” que tuvo que afrontar en julio de 2018. En estos tres años, según señaló, no solo se han convocado 13.000 plazas –que han servido para aumentar en 6.000 el número de funcionarios, una vez cubiertas jubilaciones o bajas de cualquier tipo-, sino que se ha hecho efectivo el acuerdo de equiparación salarial progresivo con otros cuerpos de seguridad autonómicos, firmado antes de su llegada pero que estaba sin implementar. También se ha aumentado el número de funcionarios en los centros penitenciarios en más de 2.000, y el número de examinadores de la Dirección General de Tráfico. Esta recuperación de efectivos humanos ha venido acompañada de un plan de infraestructuras, dotado con 600 millones de euros para el periodo 2019-2026, que permitirá trabajar y atender a la población en instalaciones dignas.

Seguridad humana

Junto a esta mejora de los medios tanto humanos como materiales, Grande-Marlaska afirmó que la prioridad del Ministerio del Interior en estos tres años ha sido avanzar en el concepto de “seguridad humana”. Según explicó este concepto engloba tanto seguridad ciudadana u orden público con la protección civil, la protección internacional y la seguridad vial. El objetivo ha sido mejorar la respuesta inmediata, pero sobre todo poner en marcha actuaciones de carácter preventivo. Es decir, “asegurar ecosistemas de derechos y libertades en los entornos en los que desarrollamos nuestra vidas”, reflexionó.

La cooperación, principal medida migratoria

Más allá de la actuación antes las “amenazas tradicionales”, el ministro se ha detenido en tres problemáticas concretas: inmigración, entorno digital y delitos de dominación y odio. Sobre la inmigración ha asegurado que, además de regular la inmigración regular, Interior trabaja en mejorar su eficacia en el control de fronteras, aumentar la cooperación con los países de origen y tránsito y ejercer el “liderazgo en la política migratoria de la Unión Europea”. En este sentido, el ministro afirmó que “O hay cooperación y solidaridad con África o el fenómeno migratorio va a ser absolutamente imposible de gestionar”. Según argumentó, los 1.350 millones de personas que actualmente viven en África serán 1.750 millones en 2030 y 2.500 millones en 2050, mientras que el PIB de África en su conjunto es más de 10 veces inferior al de Europa.

Monitorizar las redes

En cuanto al creciente entorno digital en el que se desarrolla cada vez más la vida económica, social o comunicativa, Grande-Marlaska defendió la necesidad de “monitorizar” las redes. “Sé que es algo que levanta polémica, pero no se trata de coartar derechos fundamentales ni intromisiones en la intimidad de las personas, sino de proteger a los ciudadanos”. Para el ministro, esa monitorización es comparable con los policías que patrullan las calles para garantizar el orden público. A su juicio, no se trata solo de prevenir o de perseguir delitos económicos o de ciberdelincuencia, sino también, por ejemplo, de desmontar bulos que están muy alejados de la libertad de expresión, como se ha demostrado durante la pandemia.

Una sociedad decente

Por último, el ministro del Interior destacó las actuaciones que se llevan a cabo tanto para prevenir como perseguir la violencia machista y también los esfuerzos que se están haciendo contra los delitos de dominación y odio. Recuperó una frase de Rodríguez Zapatero: “Una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”. Grande-Marlaska concluyó su intervención destacando que el gasto en materia de seguridad debe ser tratado como una inversión. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, defendió.