20 jul 2022 12:47 CET

Irene Montero pone ejemplos a su denuncia a los medios de favorecer el relato del terror sexual, entendiendo este como el que hace responsable a las mujeres de lo que les sucede “por ir solas por determinados sitios o con faldas cortas”. Recuerda a las niñas de Alcasser y al tratamiento que dieron televisiones y periódicos de lo sucedido. También a Ana Orantes, la mujer que en 1997 se atrevió a decir en televisión que era una víctima de la violencia de género y solo dos semanas después murió a manos de su marido en su propia casa, ya que un juez había establecido que prevalecía el derecho de propiedad al de la protección de la víctima.

La ministra sitúa a las periodistas feministas como contrapunto de esos tratamientos “que han colaborado a perpetuar la desigualdad estructural” que sufren las mujeres, que a juicio de Montero es la verdadera causa de la violencia machista. Según señala, estas periodistas han tenido, y siguen teniendo en muchos casos, que pagar un precio por ello, tanto por sus compañeros en las redacciones como por los propios propietarios de los medios.

La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ofreció en la conferencia inaugural del curso un resumen de los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, que desde su Delegación se realizó en 2019. Son datos, “oficiales, fruto de un trabajo científico”, que dan escalofríos: una de cada dos mujeres de 16 o más años residentes en España ha sufrido violencia por ser mujer. El porcentaje es del 57,3%, es decir 1.688.411 mujeres españolas han sido víctimas de violencia “incluyendo todas las violencias cotidianas que las mujeres sufren, desde propuestas sexuales no deseadas hasta violaciones”, especificó Rosell, para quien casi aún más grave es que solo el 8 por ciento de esa violencia es denunciada o, lo que es lo mismo, el 92 por ciento no lo es.

La macroencuesta señaló que los principales motivos por los que las mujeres no denuncian son la vergüenza, por haber sufrido la violencia siendo menor o por temor a que no les creyeran. “En esto último -afirmó la delegada del Gobierno- tiene mucho que ver el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la violencia contra las mujeres y, por tanto, la percepción social que existe”. De acuerdo con Rosell, hay ciertas percepciones que están extendidas socialmente y que no son ciertas. Una muy extendida es la idea de que las mujeres son violadas en lugares públicos poco concurridos a manos de desconocidos. La macroencuesta demostró que solo el 18,8 por ciento de las violaciones son cometidas por desconocidos de las víctimas y que más de la mitad se perpetran en viviendas.

Contabilizar todos los feminicidios

Rosell explicó también que, desde el 1 de enero de este año, su delegación está contabilizando no solo las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas, como hasta ahora se han contabilizado las muertes por violencia machista, sino también las que fallecen por los distintos tipos existentes de feminicidio. La ex jueza indicó que feminicidio, como define la propia RAE, es el “asesinato de una mujer por un hombre por machismo o misoginia”. Por ello, también hay que contabilizar el feminicidio familiar, el crimen de honor, el feminicidio por agresión sexual, por trata sexual, prostitución, mutilación genital, el vinculado a matrimonios forzados, o el denominado feminicidio vicario, entre otros.

La delegada del Gobierno anunció que los datos del primer semestre de 2022 que ya incluyen todos los tipos de feminicidio se darán a conocer en septiembre, y mostrarán que los existentes hasta ahora tan solo era un parte de los que realmente afectan a las mujeres. No obstante, Rosell considera que con los datos hasta ahora publicados era suficiente para que los medios de comunicación hubieran hecho una lectura más acorde con la realidad. Según argumentó, los medios en pocas o en casi ninguna ocasión explican que tras las 1.154 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España desde el 1 de enero de 2003, hay 11.656 hombres a los que la justicia ha obligado a poner dispositivos que garanticen su alejamiento de las víctimas; más de 17.000 que están incluidos en el programa ATENPRO; más de 71.000 casos activos en VIOGEN; más de 490.000 órdenes de protección; cerca de 2 millones de denuncias interpuestas y más de un millón de llamadas al 016. “Bajo la punta del iceberg de las mujeres asesinadas, hay un gran mar de violencia oculta”, concluyó.