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Los participantes en la jornada posan antes de comenzar las intervenciones

Las recomendaciones del Pacto de Toledo para el futuro de las pensiones, entre la esperanza y la preocupación

Texto: Alberto Martín, Fotografía: Jesús de Miguel - 25 nov 2020 18:52 CET

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM ha organizado este 25 de noviembre la jornada “El futuro de las pensiones”, con la participación, en una primera mesa, de los ex ministros de Trabajo Valeriano Gómez y Magdalena Valerio, esta última, además, actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones, tras una década sin alcanzar consensos, han sido refrendadas por el Parlamento el 19 de noviembre. Ambos han destacado la importancia de seguir estas recomendaciones en una futura reforma del sistema público de pensiones, para asegurar fundamentalmente su solidaridad y poder adquisitivo.

 

Más crítico, en cambio, se mostró el catedrático complutense José Ignacio Conde –participante en una segunda mesa redonda titulada “Una visión crítica e interdisciplinar”- quien consideró que las recomendaciones del Pacto han olvidado a las próximas generaciones, ya que heredarán no solo un 120 por ciento de deuda del PIB, sino también un sistema de pensiones deficitario que, según sus cálculos, obligará a cada 1,5 trabajadores del futuro a pagar una pensión, lo que ahora se hace entre 3,5 trabajadores. “Eso no va a ocurrir, las generaciones del futuro no lo van a asumir”, auguró Conde.

 

Tras la presentaciones del decano de la Facultad, Carlos Rivero, y el profesor honorífico de la UCM y presidente de la Fundación ACE, Tomás Arrieta, abrió el turno de intervenciones de la primera mesa del día –titulada “Sin presente no hay futuro” y moderada por el profesor José Antonio Herce-, Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración en los años 2010 y 2011. A su juicio, el sistema público de pensiones ha tenido una gran evolución a lo largo de los últimos 40 años, pero siempre, salvo dos excepciones, lo ha hecho apoyándose en el consenso. La primera vez que se saltó ese diálogo llevado a buen puerto fue en 1985, cuando pese a la huelga general convocada por los sindicatos, el gobierno de Felipe González alargó el periodo de cotización para el cálculo de la pensión de los 2 a los 8 años. También aquella reforma sirvió para vincular la revalorización de las pensiones con la inflación, una idea, a juicio del ex ministro, que sigue siendo válida y a la que no se debe renunciar: asegurar el poder de adquisición durante el resto de la vida del jubilado.

 

En las siguientes reformas -1995, 2001, 2008 y 2011- según destacó Valeriano Gómez- continuó la evolución tendente a hacer cada vez más visible la vida laboral de quienes se jubilan en el cálculo de la pensión, llegando en la realizada siendo él ministro a considerarse los últimos 25 años. “Para consolidar el sistema lo ideal sería es que se compute toda la vida. Y sí, es verdad que cuanto más años se computen la media de la prestación será más reducida, pero con solo los 2 últimos años, como se computaban hasta el 85, la capacidad de recaudación era mucho menor”.

 

Gómez consideró que la última reforma, la realizada sin consenso por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, fue un “error”, ya que si bien no incrementaba más el cómputo de años para el cálculo de la pensión inicial, no aseguraba su revalorización con la subida única del 0,25% y además abría la puerta a vincular la sostenibilidad del sistema con la cuantía de la percepción en el futuro.

 

Sobre el acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo y refrendado en el Congreso por una amplia mayoría -262 votos a favor, 2 en contra (CUP) y la abstención de Vox, ERC y Bildu- Gómez considera que lo más importante “es el retorno al itinerario anterior”: a la idea del pacto y a mantener nivel adquisitivo durante la vida del jubilado.

 

Las recomendaciones del Pacto de Toledo

Como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo que ha logrado alcanzar un consenso tras una década de desencuentros, Magdalena Valerio se mostró satisfecha por la “tarea colectiva” llevada a cabo en la Comisión y por el “clima de cordialidad y respeto alcanzado. Todo el arco parlamentario ha sido capaz de discrepar sin insultarse y con respeto”, recalcó.

 

Explicó quien fuera ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 2018 a 2020, es decir durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, que el acuerdo, se ha plasmado finalmente en 22 recomendaciones, no 20 como se suele decir, ya que se ha añadido una recomendación 0 como preámbulo y una 21 como conclusión. Reconoció que desde el primer momento se consideró “fundamental” para que la reforma pueda tener expectativa de futuro “que no afecte a los pensionistas presentes y que tenga periodos transitoriossuficientemente largos para que tampoco afecte a quienes están a punto de jubilarse”.

 

Magdalena Valerio recordó que la Comisión del Pacto de Toledo no es legislativa, y que ahora tras el apoyo del Parlamento debe darse aún un paso antes de que el Gobierno proponga una nueva reforma. “Es importante que la reforma se sustente en dos pilares: diálogo y acuerdo político en la Comisión del Pacto de Toledo, que ya se ha alcanzado, y diálogo y consenso en la mesa de diálogo social”. Esta, según indicó ya ha celebrado una promera reunión con la participación de UGT, CC OO. CEPYME, CEOE y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá. “El acuerdo social y político es el que debe sustentar la futura reforma”, enfatizó la ex ministra.

 

Valerio explicó que la Comisión trabajó teniendo claro que su principal objetivo debía ser “asegurar el futuro del sistema para que el Gobierno haga modificaciones en esa línea”. Así, las recomendaciones, según aseguró, garantizan la sosteniblidad social, económica y jurídica del sistema, y da certidumbre en el presente y futuro en el sistema, que en la actualidad afecta a 10 millones de personas.

 

Las recomendaciones, según resaltó, se enmarcan en el reparto y en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Como gran novedad, recomienda que las pensiones no contributivas se financien vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), es decir vía impuestos, y aunque las contributivas se financiarán básicamente con cotizaciones, abre la posibilidad de complementarlas a cargo de los PGE, pero está “en contra de la reforma general, y también de la capitalización o el denominado sistema de reparto sin prestaciones definidas, como el que se sigue en Suecia”.

 

Más prolongación voluntaria y menos jubilación acticipada

Destacó también que las recomendaciones aprobadas por el Congreso no reforman los 3 parámetros fundamentales del sistema: ni más años cotizados para alcanza el cien por cien de la pensión, que sigue en entre 35 y 37 años; ni toca la base reguladora, que continúa en los 25 años que se alcanzarán en 2022, ni toca la edad de jubilación, que en la reforma de 2011 se elevó aunque no para todo el mundo de 65 a 67 años. “No se eleva la edad pero se plantea apostar por la jubilación activa y por la prolongación voluntaria con incentivos, que ya existen pero son poco conocidos. En cambio –continuó señalando la ex ministra-, la jubilación anticipada hay que restringirla y no utilizarla como método de regulación empleo, manteniéndose solo en sectores insalubres o que acortan la esperanza de vida”.

 

Para concluir también destacó otras recomendaciones como que se estudie la posibilidad de elegir los mejores 25 años; que el cálculo de la revalorización se haga con el IPC real (previsto + diferencia con el real), y que se mantengan los complementos a las mínimas y a las no contributivas. Por último, se recomienda comenzar a estudiar el posible aumento de las retribuciones en los sectores propios de la economía digital y quitar al sistema gastos impropios, como por ejemplo son los subsidios de desempleo o por maternidad, algo que ya se ha comenzado a atender en el proyecto de PGE, que incluye 14.000 de los 21.000 millones que la Seguridad Social calcula que gasta en esos conceptos “impropios”.

 

“En el pacto no están las generaciones futuras”

José Ignacio Conde, catedrático del Departamento de Análisis Econímico y Economía Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ofreció en la mesa redonda que compartió con las profesoras Eva Blázquez y Elisa Chuliá, de la Carlos III y UNED, respectivamente, una visión diferente sobre el acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo. “Me toca ser crítico. El principal problema del Pacto de Toledo es que en el pacto no están las generaciones futuras”, comenzó su intervención, con la que se abrió la segunda y última mesa redonda de la jornada.

 

Según explicó el profesor Conde, el sistema público de pensiones tiene la gran fortaleza de estar basado en un “pacto intergeneracional”. “Es uno de los grandes inventos del siglo XX: yo contribuyo con la confianza de que en el futuro otros contribuirán por mí”. Sin embargo, tiene una debilidad: “Si el Parlamento del futuro vota en contra, se rompe el pacto”. Y esto puede, a juicio del profesor Conde, suceder con probabilidad, ya que si la reforma del sistema se basa en las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, esta “no tendrá en cuenta esta solidaridad intergeneracional o contrato entre generaciones”.

 

El catedrático complutense argumenta sus predicciones en varios factores. El primero, las previsiones demográficas tras el COVID, que indican que vamos hacia un mundo en el que disminuyen los futuros trabajadores y aumentan los que dejan de trabajar. Además esos futuros cotizadores pertenece a una generación que ha pasado en 7 años dos crisis. A esto hay que sumar que sube la esperanza de vida, pero baja el índice de fecundidad, situándose en el 1,3 por cada pareja. “Con el escenario más optimista, una tasa de empleo del 70 por ciento y actualizando las pensiones a la inflación, el déficit del sistema se va a multiplicar unos 7 puntos entre 2035 y 2050. Es decir, vamos a dejar a los jóvenes de hoy una deuda del 120% y encima un sistema pensiones deficitario”.

 

Para Conde, si la reforma no habla de control del gasto, como no hablan las recomendaciones del Pacto de Toledo, hará falta a corto plazo una nueva “reforma radical”. “Si ahora 3 o 3,5 trabajadores pagan cada pensión, dentro de unos años la pagarán entre 1 o 1,4. Y eso no va a ocurrir, las generaciones del futuro no lo van a asumir y se van a ir a otro país con un sistema de pensiones ajustado”, concluyó.