Texto: Alberto Martín, Fotografía: Jesús de Miguel - 11 jul 2022 13:15 CET

Isabel Tajahuerce, delegada del rector para Igualdad, y la magistrada del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán, presentes en el acto inaugural de las jornadas, coinciden también en la dificultad del objetivo, aunque lo matizan. Para la profesora Tajahuerce es “tan difícil como lo es en todos los ámbitos”. Para la magistrada, que quiere lanzar un mensaje más optimista, “es cierto que hay resistencias, pero tenemos instrumentos normativos muy importantes a nuestro favor”.

Cuenta la magistrada Inmaculada Montalbán que en sus años como jueza de distrito, donde le llegaban las denuncias de maltrato sufrido por muchas mujeres a manos de sus maridos, aprendió que aplicar las leyes, siempre redactadas atendiendo a la generalidad y con una supuesta neutralidad, necesita en muchas ocasiones “otra mirada que evite que el impacto de la norma empeore la situación”. La violencia doméstica se trataba entonces igual que “un robo con tirón o que el hurto de un radiocasete”, y la pena solía consistir en el arresto domiciliario del agresor, es decir “lo mandábamos a casa para que estuviera al lado de la mujer que había agredido”.

Montalbán afirma que en los últimos años se ha avanzado mucho y la perspectiva de género se ha hecho un hueco en los juzgados. Lo ha hecho, según indicó la ahora magistrada del Tribunal Constitucional, gracias a hitos como la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad en 2007, pero también apelando a artículos de la Constitución, como el 9.2, que habla de la defensa de los derechos fundamentales, o el 14, dedicado a la no discriminación, y también, por supuesto, a lo contenido en la legislación internacional y europea en ese mismo sentido. De acuerdo con Montalbán, muchas sentencias del Tribunal Supremo han consolidado la aplicación de la perspectiva de género en los tribunales y, aunque en el Tribunal Constitucional, sin embargo, queda bastante por hacer, se puede afirmar que la aplicación de la perspectiva de género en la justicia está “avanzando y, además, sin complejos. Soy optimista”, concluyó, no sin antes señalar que "la perspectiva de género es un bien para toda la sociedad, hombres y mujeres, porque crea una sociedad más justa y equitativa".

Para la delegada del rector Isabel Tajahuerce, es imprescindible que la perspectiva de género sea incluida en los planes de estudios de todas las áreas de conocimiento, y, por supuesto, en la del Derecho de manera inmediata. A su juicio, esta inclusión debe hacerse por ley. “A la calle ya hemos salido mucho; es desde arriba como tenemos que hacerlo ahora”, afirmó la profesora complutense, posicionándose en contra del “cursillismo”. “Igual que nadie es magistrada haciendo un cursillo de tres semanas, en género con un cursillo de tres días no te puedes creer que ya lo sabes todo”, señaló la delegada del rector para Igualdad, recordando que el Real Decreto 822/2021 ya reconoce los estudios de género como un ámbito propio de conocimiento.