Fotografía: Jesús de Miguel - 2 jun 2023 11:31 CET

Una de las realidades que aborda el proyecto Iusmigrante, que lidera la catedrática de Derecho Penal de la UCM Margarita Martínez Escamilla, es la relacionada con la salud mental y las prisiones. “Como penalistas -explica la propia catedrática- nos debemos preocupar por la situación jurídica, pero también sanitaria y mental de quienes han cometido un delito o son sospechosos de haberlo hecho”. Con este objetivo, el 1 de junio se ha celebrado en la Facultad de Derecho la Jornada “Salud mental y sistema penal ¿Universos paralelos?”, en la que se han puesto de manifiesto la visión de profesionales de la psiquiatría, ONGs, miembros del mencionado proyecto Iusmigrante y representantes del Grupo de Estudios de Política Criminal.

Martínez Escamilla explicó, a modo de introducción a la jornada, que la relación entre salud mental y criminalidad es un “problema muy complejo”, que pese a que la ley trata de dar respuesta, la realidad es que muchas veces no lo hace. No lo consigue para evitar que se den las condiciones que conducen a la criminalidad, tampoco lo hace cuando envía a las prisiones a personas con enfermedades mentales sin tener en cuenta su situación, y ni siquiera consigue tratar de manera adecuada a quienes están confinados enfermos o a quienes han llegado a esa situación al eclosionar su salud mental una vez internados.

Enrique Pérez Martínez, psiquiatra consultor en centros penitenciarios -en la actualidad trabaja con los de Alicante I y II- describió la situación actual de esa compleja relación entre salud mental, criminalidad y prisiones, en su intervención en la primera de las mesas de la jornada. Pérez Martínez dejó claro desde el primer momento que, en su opinión y de acuerdo con su dilatada experiencia, es necesario que el tratamiento de la salud mental de los presos se realice fuera de las prisiones y de los hospitales psiquiátricos penitenciarios. “Llevo 20 años defendiendo lo mismo”. A su juicio, el tratamiento de la salud mental no se puede realizar dentro de la prisión por diferentes motivos. El primero es que apenas hay psiquiatras que se quieran dedicar a ello, ya que es “peligroso”, además de tener resultados muy discretos, que en la mayoría de los casos se reduce al tratamiento farmacológico.

Pérez Martínez cree que, además de que sean los sistemas de salud de las comunidades autónomas los que atiendan a los presos con enfermedades mentales, estos ya deben intervenir en etapas anteriores. Y es que, según defendió, no son los trastornos mentales los que llevan a las personas que los sufren a caer en la criminalidad, sino otra serie de circunstancias relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado: la pérdida del apoyo familiar y su caída a la marginalidad y a las calles, la ausencia de estructuras institucionales de tutela con soluciones habitacionales o residenciales, las unidades de salud mental que por culpa del colapso que sufren atendiendo trastornos comunes no pueden ocuparse de los más graves… El cóctel se complementa con la entrada en el mundo de la droga y la consiguiente “patología dual”, que en ese momento ya se convierte en prácticamente una autopista directa hacia la criminalidad, por falta de una red de tratamiento de la salud mental y toxicomanías suficiente.

De acuerdo con el psiquiatra, por tanto, la salud mental debe cuidarse desde sus etapas más tempranas -de hecho, los estudios que han abordado la relación entre enfermedad mental y criminalidad han concluido que esta es muy débil- y en el caso de fallar, debe ser el sistema judicial primero y el penitenciario después los que traten de no contribuir a agravar más la situación. Pérez Martínez considera que para este tipo de enfermos deben, en la medida de lo posible, sustituirse las penas de prisión por su desvío a servicios terapéuticos. La opción, en todo caso, no debe ser el ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario -cuyos cierres solicita, ya que, según señala, está demostrado que agravan la problemática- sino unidades gestionadas por los sistemas de salud de las Comunidades y el Ministerio de Justicia, que presten tratamientos adecuados. “¿Salud mental penitenciaria? No, gracias”, concluyó.