Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Alfredo Matilla - 15 jul 2021 13:24 CET

Jorge de la Caballería, jefe de Unidad de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, ha presentado en el curso “COVID-19 y Agenda 2030 en Iberoamérica” las nuevas herramientas que ha diseñado la Unión Europea para llevar a cabo la cooperación y que servirán para simplificar, dar coherencia y flexibilizar todos los trámites.

Ha recordado De la Caballería que América Latina es el lugar del mundo donde más ha impactado la COVID-19, que ha provocado una crisis que “va mucho más allá de lo sanitario”, pero en cuanto estalló la crisis, “la UE tomó medidas tanto internas como externas, casi como un espejo”.

Al terminar el año 2020 ha empezado un nuevo periodo de 7 años de presupuestos de la UE, que llegará hasta 2027, y que en el capítulo VI del nuevo reglamento incluye la cooperación, con un instrumento que han denominado Global Europe, que busca simplificar, porque “cuarenta o cincuenta años de cooperación europea han dado lugar a una variedad enorme de instituciones”. Además, se quiere flexibilizar, mejorar las probabilidades de reacción, para ser cada vez más rápidos, tener más coherencia y ser más consistentes.

En la nueva política de cooperación se han querido ligar las ayudas a unos criterios “más relacionados con nuestros valores, poniendo el foco en la migración, el medio ambiente y, sobre todo, en el cambio climático”. El medio para conseguir esos objetivos pasa por trabajar con gobiernos y sociedad civil “para hacer políticas de largo recorrido”.

Informa De la Caballería que para el instrumento general de la cooperación se van a dedicar cerca de 80.000 millones de euros, que son unos 10.000 millones menos que en el presupuesto anterior, de los que algo más de 3.300 millones se van a dedicar a América Latina. Destaca, de las otras partidas, un colchón para emergencias de más de 9.900 millones de euros.

Para que todo ese dinero esté bien destinado “hay que tener unas políticas muy claras de lo que se quiere hacer con cada país, porque los fondos son finitos y se busca que tengan un impacto real”. Al cabo de los siete años el presupuesto tiene que haberse destinado en un 30% a la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático; en un 20% al fondo social inclusión y al desarrollo humano, y en un 10% en acciones relacionados con la migración. Existe también un criterio transversal, que es la igualdad de género, que debe aparecer en el 85% de los proyectos financiados, y de los que un 5% tienen que tener esa igualdad de género como objetivo principal.

Comenta De la Caballería que en todos esos proyectos de cooperación europea en Latinoamérica, que se centrarán en temas como la transición verde o la digital, se buscará que haya una inversión por parte del sector privado, “aunque eso, si con reglas que nos pongan en posición de igualdad”.