Texto: Jaime Fernández, Fotografía: Aída Cordero - 14 jul 2021 14:16 CET

El catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, ha impartido la segunda de las conferencias extraordinarias de estos Cursos de Verano de la Complutense. En su charla ha repasado el reglamento que va a regular el mecanismo de recuperación y resiliencia, con los fondos de la Unión Europea, así como el decreto ley que regula el procedimiento administrativo que permitirá el reparto de subvenciones y préstamos. Según el conferenciante, no hay que dejarse llevar demasiado por el entusiasmo porque hay factores que actúan en contra del plan, entre ellos que ha habido poco tiempo para preparar programas consistentes que reciban la subvención, porque España es un país con una capacidad de absorción de fondos no muy grande y porque el modelo de gobernanza administrativa del programa de recuperación no está demasiado claro.

Empezando por ese modelo de gobernanza, Tomás Ramón Fernández, explica que con el decreto ley aprobado en diciembre de 2020, “en líneas generales se monta todo un aparato administrativo y de gobierno alternativo al común por el que van a circular todos los flujos económicos”. Se crea una comisión, formada por el propio Gobierno, con el añadido de cuatro secretarios de Estado, tres de hacienda, uno del área de asuntos sociales, más el secretario de la comisión.

Dicha comisión cuenta con un comité técnico formado por 20 personas, empleados de altos órganos del Estado. Y tanto la comisión como el comité técnico cuentan con un secretario que es el director del Departamento de Asuntos económicos G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que era Iván Redondo hasta hace unos días. Para el catedrático, es probable que “quien asuma esa posición no tendrá el mismo papel o la misma importancia que se suponía que iba a tener, porque ha habido otra modificación importante y es que hay ahora un ministro de la Presidencia, que todos los medios presentan como el hombre fuerte del nuevo Gobierno, y que probablemente tendrá un protagonismo mucho mayor que el director de ese departamento”.

En el organigrama hay también una conferencia sectorial nueva, de la que forman parte la ministra de Hacienda y los consejeros del ramo de las determinadas comunidades autónomas, y ahí es donde habrá diálogo y colaboración entre el gobierno y las comunidades autónomas, pero “eso no es más que prosa legal, habrá que ver cómo funciona”.

Los ministerios van a ser los que elaboren los proyectos que luego habrán de ser aprobados por la comisión, y para Fernández “esto implica hacer un montaje entero de un gobierno alternativo al gobierno que establece las leyes, todo para manejar los flujos de dinero y centralizar las decisiones”. Según él, esto difiere de la gobernanza establecida por otros países como Italia, “donde quien pilota este plan de recuperación es el ministro de Economía y Finanzas, ayudado por un órgano central de coordinación y seguimiento”.

Jaime Pérez Renovales, secretario general y del Consejo del Banco Santander, opina también que “a todos los nuevos órganos que se crean no se le atribuyen casi potestad decisoria y al final lo relevante será el consejo de ministros”.

Para Tomás Ramón Fernández “la ejecución del plan será básicamente burocrática y centralizada al máximo”. Como mecanismo corrector, para esa centralización, en el decreto ley hay alusión a unos foros que se van a constituir, donde serán llamados agentes privados y eso “se parece a los Planes de Desarrollo franquistas, donde se constituyeron comisiones centrales con personajes de los sectores correspondientes”.

El motor de la recuperación

Explica el conferenciante que en el decreto ley hay un instrumento que parece que va a ser el gran motor, que son los PERTE (Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica), que “son proyectos que se supone que contienen un conjunto de acciones diferentes que van a implicar a muchas personas dentro de un ámbito determinado. Ayer mismo, 13 de julio, se aprobó en el consejo de ministros el del vehículo eléctrico, para amparar, proteger y estimular la implantación de vehículos, pero también la fabricación de baterías y las redes de recarga, en lo que llaman la cadena de valor completa del vehículo eléctrico”.

SEAT ya ha presentado su candidatura para entrar en ese PERTE, aunque no será la única, pero “tampoco se sabe cuáles son las condiciones para acreditarse como interesado, ni cuántos proyectos serán, se habla de una quincena, que son los van a constituir el grueso de las acciones”.

Tomás Ramón Fernández tiene muchas dudas de cómo va a salir esto, porque “nuestra capacidad de absorción de fondos no es muy grande, es de sólo un 40%, al nivel de Italia”. Reconoce, eso sí, que el esquema de gobernanza del decreto ley parece que quiere reforzar esa capacidad de absorción. En cuanto a este tema, Renovales coincide en que “España es un país que maneja muy bien las prestaciones sociales, el tejido de protección social, pero no la recepción de los fondos para la transformación económica”.

Otro dato preocupante para el catedrático es que ha habido muy poco tiempo para montar programas que no se tuvieran ya estudiados de antemano, porque “va a haber un año y poco para conseguir presentarlos y aprobarlos, y eso es poco tiempo, porque hasta mediados del año pasado estaban todos con la pregunta de ahora qué podemos hacer para salir de este atolladero, mientras que ahora se trata de gastar esa cifra máxima de 140.000 millones que nos van a conceder a España”. Aclara Fernández que “nos lo vamos a jugar entre 2022 y 2023, porque hasta el 31 de diciembre de 2022 se van a dar las contribuciones financieras, y los préstamos hasta el 31 de agosto de 2023”.

Observa el catedrático que además, agosto de 2023, que es la fecha límite para obtener préstamos, “son las vísperas de las elecciones, y eso es un elemento importante que no juega a favor de la racionalidad de los proyectos”.

Por todo ello cree que el plan de recuperación tendrá algunos éxitos, pero “un entusiasmo excesivo no está justificado”.