Fotografía: Jesús de Miguel - 12 jul 2023 15:19 CET

La presidenta de la  APM está convencida de que, haciendo el juego con el título del curso, si situara a los jueces españoles delante de un espejo, lo que a todos les gustaría ver reflejada sería, sin duda, su independencia. De acuerdo con Del Barco Martínez, los jueces “sin independencia no somos nada; no servimos a la sociedad”. Ser independiente no significa no ser intocables, sino la garantía que tiene la ciudadanía de que están en un país en el que pueden disfrutar sus derechos y libertades. “Sin independencia judicial -aseguró- no existe ni Estado de Derecho ni democracia”.

El que el 34 por ciento de los españoles considere que el poder judicial no es independiente, es decir que el poder legislativo y ejecutivo le influyen, es de extrema gravedad, como lo es que se “cuestione nuestro trabajo y formación”. Las injerencias que reciben los jueces responden, de acuerdo con la presidenta de la APM, a una misma manera de proceder: primero se cuestiona la labor de los jueces, después sus resoluciones y finalmente se pide incumplirlas. “Nosotros creemos en la Constitución, en el imperio de la ley y en la división de poderes, pero no podemos pasar por determinados aros y debemos advertir de las reformas de leyes que se hacen contra la Constitución y el Código Penal”, señaló.

También se quejó la magistrada de otra de las principales críticas que se hace a la labor de los jueces. “Se nos acusa de ser lentos, pero no es por falta de voluntad de los jueces. El problema es la falta medios”. De acuerdo con Del Barco Martínez, ningún gobierno ha impulsado un pacto por la justicia que cambie esa situación, que realmente de a la justicia los medios que precisa, y que la hagan realmente “eficiente, eficaz y de calidad”.

En la inauguración del curso también ha intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, quien ha señalado que la principal distinción entre el poder judicial y el político -que engloba al legislativo y al ejecutivo- es que mientras el segundo obedece a coyunturas e intereses, “que a veces no son el interés general”, el primero está situado “lejos de la coyuntura política y los intereses cambiantes”. A los que dicen que los jueces no tienen legitimidad, en contraposición a la que las urnas dan a los políticos, Rodríguez Padrón les recordó que los jueces cuentan con la legitimidad constitucional y del encargo de defender los derechos legítimos de los españoles.

Rodríguez Padrón considero que los jueces tienen el derecho “poder criticar de forma constructiva, sensata y serena las carencias del poder judicial”. A su juicio, los principales desafíos que tiene la justicia en el siglo XXI, “y que muy posiblemente serán, al paso que vamos, los mismos para el siglo XXII” son dos: la fortaleza institucional del poder judicial y la efectividad de la tutela judicial.