Texto: Alberto Martín, Fotografía: Jesús de Miguel - 8 feb 2024 09:54 CET

La directora de la Cátedra, Ana Rosado, profesora en la Facultad de Comercio y Turismo del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia, explicó que este informe responde a los objetivos de esta Cátedra, que funciona como una “entidad neutral e independiente” cuya máxima finalidad es “mejorar la atención sanitaria y la salud de la ciudadanía”. Este es el segundo informe que realiza. El primero, presentado el pasado año, se dedicó a detectar los retos del aseguramiento privado en el sistema nacional de salud. En esta ocasión, el objeto de estudio ha sido el denominado “mutualismo administrativo”, opción de sanidad privada que utiliza en España en la actualidad más de 2,1 millones de personas, entre funcionarios titulares y sus beneficiarios. De acuerdo con Herminia Rodríguez, vicepresidenta de ASPE, informes como este son un perfecto ejemplo de que “la colaboración entre el ámbito académico y el empresarial pueden servir de herramienta de mejora social”, en este caso del sistema sanitario español en su conjunto.

El informe, titulado “El mutualismo administrativo. Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros”, como fueron explicando, junto a la directora de la Cátedra, tres de sus autores -el secretario técnico de la Cátedra, Daniel Pallarés, y los profesores complutenses Sonia Juárez y Adolfo Hernández- se ha realizado con los datos facilitados por MUFACE, la principal mutua española, que da cobertura a más de un millón y medio de personas, dado que las otras dos, MUGEJU (Mutualidad General Judicial) e ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), no prestaron sus datos. Los datos de este millón y medio de personas -por supuesto, anonimizados- han servido para analizar de manera cuantitativa y cualitativa la situación del sector e incluso para desarrollar un modelo predictivo de las futuras elecciones que lleven a cabo los funcionarios entre mutualidad privada y sanidad pública.

Hay que recordar que los funcionarios deben cada año renovar su elección entre la opción pública y la privada. Según informó el profesor Adolfo Hernández, del Departamento de Economía Financiera y Actuarial y Estadística, las mujeres funcionarias optan más por la asistencia privada que los hombres, y tanto unas como otros se decantan por la mutualidad, sobre todo, cuanto menor es la escala administrativa a la que pertenecen, cuanto mayor es la cobertura privada en su región, cuanto más alta es su edad y cuantos más son los beneficiarios a su cargo. El modelo estadístico logístico binario que aplica el informe permite predecir en un porcentaje muy alto cuál será la opción elegida por los funcionarios teniendo en cuenta un amplio número de variables, entre las que también, por ejemplo, se incluye el tamaño del tiempo y listas de espera en la sanidad pública o el número de camas hospitalarias públicas o privadas en su región.

Pero, sin duda, el aspecto que más llama la atención del informe es el análisis económico que lleva a cabo del sector. Destaca el ya señalado ahorro de 1.000 millones de euros anuales que asegura que la cobertura sanitaria que las mutualidades prestan a 2,1 millones de personas supone para las arcas públicas, si se compara lo que de ellas salen hacia las aseguradoras privadas que prestan la asistencia (Adeslas, ASISA y DKV) y el coste per capita de la sanidad pública. De acuerdo con el informe, el ahorro anual que supone cada mutualista al no hacer uso de la sanidad pública es cercano a los 600 €. Ello es posible porque, según señaló Daniel Pallarés, el Estado solo repercute alrededor de un 50 % de la subida de los costes sanitarios a las aseguradoras privadas que dan cobertura a los mutualistas.

Esta infrafinanciación que detecta el informe está provocando un descenso de la calidad de la prestación que reciben los mutualistas, según ellos mismo declaran. Se quejan del aumento de los tiempos de espera para ser atendidos, la disminución de especialistas (sobre todo en oncología), reducción de hospitales y médicos o, entre otros, la no actualización de los cuadros médicos en tiempo y forma.

El informe, como explicó Sonia Juárez, profesora del Departamento de Organización de Empresas, concluye analizando qué ocurriría en dos supuestos escenarios. El primero se sitúa en la posibilidad de que el modelo desaparezca, bien sea porque el Estado, como desde algunos sectores políticos se ha planteado, quite esta posibilidad a los funcionarios, bien porque hospitales y médicos privados -como cada vez más está sucediendo- dejen de prestar atención a los mutualistas debido a los bajos ingresos que obtienen por ellos. El informe cifra en 1.000 millones de euros anuales el coste adicional -en la actualidad paga a las aseguradoras 1.700 millones anuales por el servicio privado- que tendría para la sanidad pública la atención de esos más de dos millones de personas, con el consiguiente incremento de los tiempos y listas de espera y la falta de unas 4.000 camas hospitalarias.

El segundo escenario que trata de predecir el informe es la sostenibilidad del “mutualismo administrativo”. Sus recomendaciones, según enumeró la profesora Juárez, son muy completas: incremento de la financiación; mejora de la eficiencia y la gestión de los recursos en la sanidad privada; cambio de modelo en la atención primaria de los mutualistas; uso racional de los servicios de salud por parte de los mutualistas; uso de la inteligencia artificial para la segmentación de clientes y la oferta de soluciones flexibles por parte de las compañías aseguradoras adaptadas al mutualista, e investigación y análisis de nuevos modelos de colaboración entre los agentes participantes en el mutualismo administrativo.